Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en su perfil de firmeza en materia de inmigración: el líder del Partido Popular ha anunciado que, en caso de acceder a la presidencia del Gobierno, impulsará una reforma legal que contemple la retirada de la nacionalidad española a aquellos ciudadanos naturalizados que cometan delitos graves. La propuesta va acompañada de un endurecimiento general de los requisitos de acceso a la nacionalidad.

La iniciativa supone una escalada en el discurso del PP sobre política migratoria, que en los últimos meses ha ido incorporando medidas cada vez más restrictivas en su programa. Feijóo presenta esta reforma como una respuesta a lo que describe como una insuficiencia del marco legal vigente para vincular el estatuto jurídico de la nacionalidad a la conducta del titular, algo que varios países europeos de tradición conservadora ya aplican en distintas formas.

Una propuesta que tensiona los límites constitucionales

La retirada de la nacionalidad a personas naturalizadas —es decir, aquellas que no la tienen por nacimiento— es una figura que existe en el ordenamiento de países como Alemania, Francia o el Reino Unido, aunque en España está muy restringida. El Código Civil permite la pérdida de la nacionalidad adquirida en supuestos muy tasados, y cualquier ampliación de ese catálogo requeriría una reforma legislativa de calado. Juristas y constitucionalistas han señalado históricamente los límites que impone la prohibición de generar apátridas, reconocida en el derecho internacional, lo que complicaría la aplicación de esta medida en los casos en que el afectado no tuviera otra nacionalidad.

El anuncio de Feijóo no ha ido acompañado, de momento, de un texto articulado ni de un calendario legislativo concreto, por lo que se enmarca por ahora en el terreno de las promesas programáticas. El PP no concreta qué delitos se considerarían suficientemente graves para activar este mecanismo ni cómo se resolvería el conflicto con los tratados internacionales en materia de apatridia.

El contexto político: inmigración como eje de campaña

La propuesta llega en un momento en que la inmigración ocupa un lugar central en el debate político español, impulsada en parte por el avance electoral de Vox y por la presión que ejercen algunos gobiernos autonómicos —entre ellos el de la Comunitat Valenciana y el de Madrid— para que el Estado asuma una política más restrictiva en la acogida de menores migrantes no acompañados. Feijóo busca con este anuncio reforzar su imagen de firmeza ante un electorado de centroderecha al que no quiere ceder al partido de Santiago Abascal.

La medida generará con toda probabilidad un intenso debate jurídico y político. La izquierda y los grupos nacionalistas que sustentan al Gobierno de Pedro Sánchez ya han comenzado a calificarla de discriminatoria, al establecer una diferencia de trato entre ciudadanos según el origen de su nacionalidad. El PP, por su parte, defiende que la nacionalidad española conlleva deberes y que su incumplimiento más grave debe tener consecuencias jurídicas equivalentes.