Alberto Núñez Feijóo ha dado un paso más en su ofensiva retórica sobre inmigración al proponer que los ciudadanos extranjeros que hayan obtenido la nacionalidad española puedan perderla si cometen delitos de especial gravedad. La medida, que implicaría una reforma de calado en el ordenamiento jurídico español, supone una escalada respecto a las posiciones que el propio presidente del PP ya había avanzado apenas dos meses atrás.

En julio, en el balance de fin de curso que ofreció como líder de la oposición, Feijóo ya había marcado el terreno con frases como «regalar pasaportes de españoles se ha acabado» o «el pasaporte hay que merecérselo», en alusión a la polémica suscitada por la ley de nietos impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Aquel discurso apuntaba a restringir las condiciones de acceso a la nacionalidad; ahora, la propuesta va más allá: ya no se trataría solo de quién puede obtenerla, sino de quién puede conservarla.

La presión de Vox como telón de fondo

El contexto político en que emerge esta propuesta no es casual. El PP lleva meses compitiendo con Vox en el terreno del endurecimiento del discurso migratorio, un espacio donde la formación de Santiago Abascal ha marcado el paso durante la legislatura. La apuesta de Feijóo por la retirada de nacionalidad busca, en ese sentido, ocupar un espacio que hasta ahora era patrimonio de la extrema derecha, sin renunciar a un argumentario que el PP presenta como de «sentido común» y defensa de la legalidad.

La propuesta no está exenta de complejidad jurídica. La retirada de la nacionalidad a personas naturalizadas —es decir, aquellas que no la tienen por nacimiento— es un mecanismo que existe en algunos ordenamientos europeos, pero que en España choca con una tradición constitucional garantista y con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la igualdad entre españoles de origen y naturalizados. Llevarla a la práctica exigiría, como mínimo, una reforma legislativa de envergadura cuyo recorrido parlamentario actual es incierto dado el mapa de fuerzas en el Congreso.

Lo que sí queda claro es la dirección en que Feijóo quiere posicionar al PP de cara a los próximos ciclos electorales: un partido que endurece su perfil en seguridad e inmigración, apostando por medidas que la izquierda tachará de inconstitucionales y que Vox aplaudirá, aunque siempre intentando quedarse con el crédito de haberlas propuesto primero desde la moderación.