José Luis Rodríguez Zapatero ha vuelto a reclamar ante los tribunales que el informe elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sea excluido del procedimiento judicial abierto contra él. Ese documento policial concluyó que el expresidente habría percibido 200.000 euros a cambio de ejercer su influencia en Bolivia, una afirmación que su defensa rechaza de plano y que, según alega, jamás debería haber entrado en la causa.

La estrategia de Zapatero no es nueva: ya había intentado antes que ese material fuera apartado del expediente, sin éxito hasta ahora. En esta nueva tentativa, su argumentación pivota sobre dos ejes jurídicos: primero, que la obtención de la información que dio pie al informe constituyó una «intromisión ilegítima en la intimidad»; segundo, que de ese acceso inicial se derivó lo que califica como una «investigación general no autorizada judicialmente», esto es, una prospección amplia sin el respaldo de un auto judicial que la habilitara específicamente.

El debate sobre la validez de la prueba, en el centro del caso

La cuestión de fondo que plantea la defensa es la de la llamada prueba ilícita: si el punto de partida de la investigación policial fue obtenido de forma contraria a derecho, todo lo que se construyó sobre esa base quedaría igualmente contaminado y debería ser descartado. Es un argumento clásico en procedimientos penales de cierta complejidad, pero su éxito depende de que el tribunal aprecie efectivamente esa irregularidad originaria, algo que hasta ahora no ha ocurrido en este caso.

El informe de la UDEF es, precisamente, una de las piezas centrales de la acusación. Sin él, o con su exclusión del proceso, la causa contra el expresidente perdería uno de sus principales apoyos documentales. De ahí que su defensa insista con este recurso incluso después de haberlo intentado sin resultado en fases anteriores del procedimiento.