Foment del Treball impulsará una iniciativa para lograr un pacto de Estado que reduzca la complejidad y la conflictividad del sistema tributario español. La propuesta, presentada en Madrid, se sustenta en un informe de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (Sbees) que sitúa a España entre los países de la Unión Europea con mayor carga regulatoria fiscal y cuantifica en 21.890 millones de euros anuales —el equivalente al 1,3% del PIB— el impacto económico positivo que tendría alcanzar la media comunitaria.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, fijó como objetivo prioritario lograr el máximo consenso posible entre empresas y administraciones públicas para avanzar de forma progresiva hacia esa convergencia. La patronal catalana entiende que un entorno fiscal más predecible y menos litigioso es condición necesaria para que las compañías liberen recursos que puedan destinarse a inversión e innovación.

España, en el puesto 24 de los 27 en complejidad fiscal

El exministro y exsecretario de Estado de Hacienda Juan Costa, coordinador del informe, subrayó durante la presentación que España ocupa el puesto 24 de los 27 miembros de la UE en el Tax Complexity Index, un indicador que mide la dificultad práctica a la que se enfrentan contribuyentes y empresas para cumplir con sus obligaciones tributarias. Costa señaló que esta posición penaliza directamente la competitividad del tejido productivo español.

Entre las medidas concretas que recoge el documento figuran la revisión de los ámbitos donde la complejidad es más elevada, el diseño de una política tributaria más predecible a medio y largo plazo, y el reequilibrio de la relación entre la Administración y el contribuyente. El informe también apunta a la necesidad de ampliar y mejorar la información fiscal disponible para facilitar la toma de decisiones empresariales.

Por su parte, el presidente de la Sbees, Félix Riera, insistió en que reducir esa complejidad es prioritario para que las empresas soporten menores costes de cumplimiento y dispongan de un marco jurídico estable sobre el que planificar su actividad.

El informe llegará a los partidos tras el 29 de noviembre

La Sbees tiene previsto remitir el estudio a las administraciones públicas, a la patronal nacional CEOE y a todas las formaciones políticas que obtengan representación parlamentaria tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La intención es que el documento sirva de base técnica para la negociación de un acuerdo transversal en materia fiscal, con independencia del color del gobierno que resulte de esas elecciones.