Tres meses después de que cerca de 80.000 personas cruzaran la frontera de El Tarajal, Ceuta ha recuperado una apariencia de normalidad superficial, pero arrastra una crisis de fondo que sus instituciones no pueden resolver solas. La imagen más llamativa ya no es la de miles de personas entrando, sino la contraria: decenas de ciudadanos marroquíes que cada día recogen sus pertenencias, caminan hacia el espigón y cruzan de vuelta a su país, conscientes de que no tienen opciones legales para quedarse en España.

Las cifras de quienes permanecen en la ciudad autónoma siguen siendo muy elevadas. La Policía Nacional estima entre 8.000 y 10.000 personas; el Gobierno ceutí eleva esa cifra hasta 15.000. De ellas, 7.477 están alojadas en recursos del Estado mientras aguardan la resolución de sus solicitudes de protección internacional, que en la práctica serán denegadas en casi todos los casos: Marruecos está clasificado como país seguro por la Unión Europea.

Operaciones policiales y retornos voluntarios

Los retornos voluntarios se han acelerado en las últimas semanas como consecuencia directa de las operaciones de las fuerzas de seguridad. Los agentes han desalojado todos los asentamientos de playa y han desarticulado viviendas que acogían a inmigrantes en condiciones de hacinamiento, cobrando hasta diez euros diarios por un espacio. En una sola intervención en el barrio del Príncipe, la Policía localizó a 74 personas viviendo en un único inmueble. Ante esa presión, y al comprobar que sus solicitudes de asilo no prosperarán, muchos optan por marcharse antes de que se les abra un expediente de expulsión, que les prohibiría volver a intentarlo durante años.

Quienes sí aceptan ser identificados son trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) para formalizar su petición de asilo, aunque el destino final, según las mismas fuentes policiales, será igualmente la deportación. Una minoría, en cambio, prefiere mantenerse en la clandestinidad con la esperanza de llegar a la Península pagando a redes de tráfico de personas, o de conseguir en el tiempo un permiso de trabajo por arraigo, como ocurrió con parte de los llegados en 2021.

El nudo legal de los menores no acompañados

El problema que tiene en vilo a las autoridades ceutíes es el de los menores no acompañados. Los 17 recursos de protección de la ciudad acogen actualmente a 3.619 jóvenes extranjeros, cuando su capacidad ordinaria es para apenas una treintena. Eso supone el 12.380% de ocupación, cuando la ley de extranjería obliga a redistribuir a los menores entre otras comunidades autónomas cuando se supera el 150%. Pese a esa obligación legal, hasta ahora solo 180 jóvenes han sido reubicados.

La ministra de Juventud, Sira Rego, señaló públicamente que cualquier menor que desee permanecer en España tiene derecho a hacerlo según la legislación vigente, lo que en la práctica cierra la puerta a retornos generalizados. La vía de la reagrupación familiar tampoco avanza: la Policía ha enviado expedientes a Marruecos para 125 menores con el objetivo de que regresen con sus familias, pero el país vecino no ha respondido a ninguno de ellos.

Fuentes policiales consultadas por el medio que ha dado a conocer esta situación advierten de que el bloqueo manda un mensaje peligroso: si los menores permanecen en España pese a haber entrado de forma irregular, el incentivo para que otros lo intenten se mantiene intacto. «Si este pulso no se gana, el objetivo está logrado», resume un mando. La presión sobre una ciudad de apenas 84.000 habitantes, que asume en solitario una carga que el conjunto del Estado no ha querido o no ha sabido repartir, es la herida que Ceuta todavía no ha podido cerrar.