Claves
- El Gobierno de Ceuta alertó a Interior 15 días antes de la oleada migratoria
- La secretaria de Estado Aina Calvo rechazó instalar la barrera de boyas solicitada
- Interior se limitó a comparar la situación con otros veranos, sin tomar medidas
- La jueza Tardón investiga posibles negligencias en la gestión de la crisis de Ceuta
El Gobierno de Ceuta alertó a la Secretaría de Estado de Interior, encabezada por Aina Calvo, de un aumento inusual en la entrada de menores migrantes dos semanas antes de que se produjera la gran oleada migratoria del pasado julio. La respuesta del Ministerio fue desestimar la petición de instalar una barrera de boyas, equiparando la situación con la de anteriores temporadas estivales. Así lo afirmó el consejero de Presidencia de la Ciudad Autónoma, Alberto Gaitán, en su declaración ante la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga aquella entrada masiva de inmigrantes.
Gaitán, junto a otros dos consejeros del ejecutivo de Juan Jesús Vivas —Nabila Benzina y Alejandro Ramírez—, compareció este martes ante la jueza Tardón. Según su versión, la alerta que la Ciudad Autónoma trasladó a Madrid fue concreta: pedía una medida preventiva, la instalación de la barrera de boyas, ante señales que consideraban inequívocas de presión migratoria creciente. La Secretaría de Estado no lo consideró necesario.
Interior descartó la alerta con un argumento que la Ciudad Autónoma califica de insuficiente
La respuesta que recibió el Gobierno ceutí, según relató Gaitán a la jueza, se limitó a contextualizar la situación dentro de la normalidad estacional: no sería más que otro verano. Ninguna medida extraordinaria, ningún refuerzo preventivo. Semanas después, la oleada migratoria se produjo con la intensidad que el Ejecutivo local había anticipado.
La investigación de la Audiencia Nacional tiene como objeto precisamente determinar si hubo negligencia o falta de previsión en la gestión de aquella crisis. La declaración del consejero de Presidencia introduce un elemento relevante en la instrucción: el Gobierno central habría sido advertido con tiempo suficiente para actuar y habría optado por no hacerlo, descartando además el instrumento concreto que Ceuta solicitaba.
La jueza Tardón lleva meses recabando testimonios tanto de responsables locales como de funcionarios vinculados al Ministerio del Interior. La comparecencia de los tres consejeros ceutíes este martes supone uno de los momentos más importantes de la instrucción, al trasladar al procedimiento judicial el relato directo del ejecutivo autonómico sobre lo ocurrido en las semanas previas a la crisis.
