Claves
- Junqueras reconoce que el acuerdo de financiación es 'insuficiente'
- ERC lo defiende pese a sus limitaciones por considerarlo un avance
- Junts votará en contra con enmienda a la totalidad en el Congreso
- Junts apuesta por el modelo de concierto económico vasco-navarro
Oriol Junqueras ha reconocido públicamente que la propuesta de financiación singular para Catalunya pactada entre ERC y el Gobierno central no cubre todas las necesidades del territorio. El propio líder republicano la calificó de «insuficiente», aunque al mismo tiempo la defendió como «infinitamente mejor» que la situación actual, en una argumentación que revela las tensiones internas del debate sobre el modelo de financiación autonómica.
La admisión de Junqueras es políticamente significativa: el partido que ha negociado y respaldado este acuerdo reconoce, por boca de su máximo dirigente, que el resultado no satisface plenamente las demandas catalanas. La justificación de que cualquier avance, por limitado que sea, merece apoyo es una posición legítima, pero difícilmente puede presentarse como un éxito rotundo de la negociación.
Junts mantiene su enmienda a la totalidad y pide aliados para el concierto económico
Junts per Catalunya ha dejado claro que no cambiará su postura cuando la propuesta llegue formalmente al Congreso de los Diputados: el partido de Carles Puigdemont mantendrá la enmienda a la totalidad al texto. Más allá del rechazo a este acuerdo concreto, Junts apela a construir apoyos parlamentarios en torno a la figura del concierto económico, el modelo que rige en el País Vasco y Navarra y que otorga a esos territorios una capacidad de gestión fiscal muy superior a la del régimen común.
La posición de Junts convierte el trámite parlamentario en un escenario de máxima dificultad para ERC y para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que necesita sumar apoyos suficientes para sacar adelante una propuesta que su propio socio catalán describe como mejorable. El pulso entre ambas formaciones independentistas refleja, una vez más, que las diferencias de fondo sobre qué modelo de relación fiscal debe tener Catalunya con el Estado siguen sin resolverse.
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