Claves
- El Supremo suspendió cautelarmente la 'ley de nietos' a raíz de un recurso de PP y Vox
- Sánchez prometió en un mitin del PSC que no perdonará a Feijóo y Abascal por ese recurso
- El PP votó a favor de la nacionalización de sefarditas y no impugnó la norma hasta ahora
- La suspensión afecta al derecho al voto de los descendientes de exiliados del franquismo
Pedro Sánchez eligió este domingo la Fiesta de la Rosa del PSC, en Gavá, para lanzar uno de sus ataques más directos al PP y a Vox desde que el Tribunal Supremo paralizara cautelarmente la aplicación de la conocida como 'ley de nietos'. Ante miles de militantes y simpatizantes socialistas catalanes, el presidente del Gobierno advirtió: «No voy a perdonar a PP y Vox, que fueron los que plantearon el recurso ante el Supremo». La declaración, más cercana al registro del mitin que al de la responsabilidad institucional, resume bien el tono de una intervención cargada de retórica electoral.
La 'ley de nietos', incorporada a la Ley de Memoria Democrática en 2022, permite a los descendientes de ciudadanos represaliados durante el franquismo que tuvieron que exiliarse acceder a la nacionalidad española y, con ella, al derecho al voto. El Supremo ha acordado suspender cautelarmente su aplicación a raíz de un recurso presentado por PP y Vox, decisión que Sánchez dijo no compartir —«no voy a cuestionar una decisión que, a todas luces, no comparto», fue su formulación— antes de dirigir toda la artillería verbal contra la oposición.
El PP, en el punto de mira: el argumento de los sefarditas y los saharauis
Para reforzar su crítica, Sánchez recordó que los populares nunca habían recurrido ante los tribunales la 'ley de nietos' desde su entrada en vigor hasta que, según él, Vox se lo exigió. El argumento busca presentar el recurso como una concesión de Feijóo a la presión del partido de Abascal, más que como una posición propia del PP. Sánchez añadió una comparación que pone en aprietos a los populares: el PP votó a favor de que los sefarditas accedieran a la nacionalidad española y se abstuvo en el caso de los saharauis, lo que hace difícil sostener un rechazo de principio a la nacionalización por decreto en casos históricamente excepcionales.
El escenario del mitin, en plena crisis migratoria en Ceuta tras la entrada masiva de personas a finales de julio, no fue casual. Sánchez también aprovechó el acto para criticar lo que denominó «la oposición destructiva» de PP y Vox en la gestión de esa crisis, aunque sin aportar propuestas concretas sobre cómo piensa afrontarla el Ejecutivo central. La presencia de Salvador Illa, presidente de la Generalitat, al lado de Sánchez completó una imagen de unidad entre el PSC y el PSOE en un momento en que el partido necesita proyectar cohesión interna.
El hecho de que el Supremo haya admitido el recurso y acordado una medida cautelar no es un detalle menor: implica que el tribunal ha visto indicios suficientes para suspender provisionalmente la norma mientras estudia el fondo del asunto. Sánchez puede discrepar de esa decisión, pero que el jefe del Ejecutivo proclame públicamente que «no la comparte» y que «no perdonará» a quienes la promovieron por vías judiciales legítimas revela una incomodidad política que va más allá del debate jurídico: los nuevos nacionalizados por la 'ley de nietos' son un colectivo con capacidad de voto relevante en varios países latinoamericanos, y su incorporación al censo electoral español es un factor que la izquierda había calculado con cuidado.
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