La segunda sesión del juicio contra cuatro agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) acusados de lesionar al activista Roger Español el 1 de octubre de 2017 —quien perdió el ojo derecho tras el impacto de una pelota de caucho— estuvo marcada este jueves por el respaldo expreso de uno de los mandos del dispositivo. El responsable policial declaró ante la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona que los agentes actuaron con congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y que el operativo del 1-O no se diferenciaba en criterios ni en material del que se despliega en una final de Champions o en una visita del Papa.

Los cuatro funcionarios acusados —un escopetero y tres mandos— escucharon el testimonio de su superior con la única sonrisa apreciable desde el inicio del juicio. Las acusaciones, ejercidas por Òmnium Cultural, la ANC e Irídia, solicitan penas de hasta 13 años de prisión por los delitos de lesiones y torturas. La Abogacía del Estado asume la defensa de tres de ellos; el cuarto está representado por el letrado Javier Aranda.

El tribunal corta el intento de ampliar el foco al conjunto del 1-O

La abogada de Òmnium Cultural intentó abrir una vía de análisis más amplia al preguntar al mando si los agentes podían haber actuado con una «carga emotiva» durante la jornada de votación que se tradujese en un exceso de fuerza. El presidente del tribunal cortó la pregunta antes de que el testigo respondiera, recordando que el proceso se circunscribe a una actuación concreta y a un lesionado concreto, no a una revisión general del dispositivo policial del referéndum ilegal. Ya en la sesión inaugural, el tribunal había trazado esa misma línea.

La estrategia de las acusaciones también se manifestó en el plano lingüístico. Mientras los policías y las defensas hablan de «pelotas» de caucho y de una «masa» de personas, los letrados acusadores emplean los términos «balas de goma» y «mutilación» para referirse a la pérdida del ojo de Español. El tribunal deberá valorar si el impacto de un proyectil de caucho puede encuadrarse jurídicamente en ese concepto, cuya definición estricta implica el corte o cercenamiento de una parte del cuerpo.

Problemas con los intérpretes y una estrategia procesal en torno al catalán

La jornada comenzó con tropiezos logísticos: dos intérpretes contratadas para traducir del catalán al castellano las preguntas de las acusaciones resultaron incapaces de desempeñar esa función. Ante la imposibilidad de sustituirlas con agilidad, los letrados optaron por formular sus preguntas directamente en castellano. Antes de hacerlo, sin embargo, preguntaron a cada testigo —todos ellos policías— si comprendían el catalán. La razón no era meramente protocolaria: la defensa pretende acreditar que los agentes entendieron los insultos que, según los propios funcionarios, les dirigió la concentración de personas en la escuela Ramon Llull de Barcelona, único punto de votación donde las UIP emplearon las pelotas de caucho.

Según el relato coincidente de la veintena de agentes que llegaron a declarar —sobre los cerca de cincuenta previstos inicialmente, en una sesión que se prolongó casi nueve horas con dos recesos—, la orden de lanzar los proyectiles se dio después de que la unidad fuera «hostigada», en palabras del mando que abrió las declaraciones. Fue en ese contexto, y bajo orden expresa, cuando se produjo el impacto que dejó ciego del ojo derecho a Roger Español, quien siguió el juicio sentado en la sala.

Otro argumento de las acusaciones gira en torno a la prohibición de las pelotas de caucho en Catalunya para los Mossos d'Esquadra, vigente desde 2014 tras el caso de Esther Quintana, sustituidas por proyectiles de foam. Las acusaciones sostienen que los manifestantes podían creer que ese material estaba vetado y que, por tanto, desconocían el riesgo al que se exponían. La Policía Nacional y la Guardia Civil, sin embargo, no están sujetas a esa restricción autonómica y lo seguían utilizando en la fecha de los hechos.