El juzgado que investigaba a la mujer asesinada el pasado 28 de julio en su domicilio del barcelonés barrio de Sant Martí denegó en dos ocasiones la orden de protección que la Fiscalía reclamó para sus dos hijos menores, de 4 y 8 años, después de que los Mossos d'Esquadra la hubieran arrestado quince días antes por violencia en el ámbito doméstico contra los niños.

Según el comunicado del Ministerio Fiscal, la denuncia que motivó la detención de la mujer fue presentada por su propia pareja —el mismo hombre que acabaría matándola— y se circunscribía exclusivamente a los presuntos malos tratos que ella habría infligido a los hijos de ambos. El procedimiento judicial abierto, por tanto, no contemplaba ningún marco de violencia de género dentro de la relación de pareja, sino una causa por violencia sobre menores en el entorno familiar.

La Fiscalía recurrió la decisión y el juzgado volvió a negarla

La sección especializada en Protección de Personas Vulnerables de la Fiscalía entendió que los datos disponibles en ese momento justificaban adoptar medidas cautelares en favor de los niños. Además de la orden de protección, el Ministerio Público interesó al juzgado que se facilitara a la madre una alternativa habitacional que permitiera separar a los menores de una convivencia familiar que calificó de «objetivamente preocupante». El juzgado no aceptó ninguna de las dos peticiones. Ante esa negativa, la Fiscalía recurrió, argumentando que la situación de riesgo para los menores no había desaparecido. El juzgado desestimó también ese recurso.

El crimen se produjo la tarde del martes. Los Mossos recibieron el aviso minutos antes de las ocho y encontraron a la mujer, de 34 años, con varias heridas de arma blanca. Falleció pese a la intervención de los servicios de emergencia. El agresor escapó en un vehículo al que posteriormente prendió fuego y finalmente se entregó voluntariamente en la comisaría del Eixample pasada la una y media de la madrugada. Al cierre de esta edición permanecía retenido en dependencias de Les Corts, a la espera de pasar a disposición judicial.

El Ministerio de Igualdad omitió los antecedentes de la víctima por malos tratos

El Ministerio de Igualdad emitió un comunicado el día después del crimen en el que señaló que no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. Sin embargo, guardó silencio sobre la detención de la propia víctima quince días antes por los presuntos malos tratos a sus hijos, un dato relevante para entender el contexto judicial en el que se produjo el asesinato. Fueron los hijos menores quienes presenciaron el ataque en el interior del domicilio familiar. La Fiscalía, por su parte, ha anunciado que colaborará en el esclarecimiento de los hechos y en determinar por qué el sistema de protección no logró evitar esta tragedia.