Tres meses y medio después de la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, más de 5.500 personas pendientes de expediente de expulsión han desaparecido del radar policial y no pueden ser localizadas. La cifra la aportan fuentes de la Policía Nacional, que describen una situación en la que los trámites de repatriación resultan prácticamente inviables sobre el terreno.

El procedimiento arranca cuando una patrulla detecta a alguien sin documentación en la ciudad autónoma. A partir de ahí se abre un expediente de expulsión, pero el proceso exige que el afectado acuda a una entrevista con agentes para determinar si puede acogerse al derecho de asilo. Según las mismas fuentes policiales, la inmensa mayoría de los cerca de 8.000 adultos con expediente abierto han optado por no presentarse a esa cita, calculando que si la solicitud de protección internacional les es denegada quedarían en una posición más vulnerable frente a la repatriación.

Casi 3.700 menores no acompañados, sin destino claro

Al volumen de adultos ilocalizables se suma la presencia en Ceuta de alrededor de 3.700 menores no acompañados identificados por las autoridades, que también habitan la ciudad sin que exista una solución definida para su situación. En total, entre adultos con expediente abierto y menores identificados, el número de personas en situación irregular que permanecen en Ceuta ronda las 12.000, una cifra que se añade a las más de 88.000 que, según la Guardia Civil, abandonaron voluntariamente la ciudad autónoma durante las semanas posteriores a la entrada masiva.

Las patrullas policiales continúan encontrando diariamente decenas de personas sin identificar por las calles de Ceuta, lo que mantiene al alza el número total de irregulares. Esta dinámica pone en evidencia las limitaciones del actual marco de gestión migratoria: abrir un expediente no garantiza que el afectado vaya a permanecer localizable, y la saturación del sistema dificulta tanto las expulsiones efectivas como el procesamiento de las solicitudes de asilo.

El caso de Ceuta se enmarca, además, en un contexto judicial activo: la juez Tardón ha imputado al ex delegado del Gobierno en la ciudad y lo ha citado en la Audiencia Nacional para el próximo 18 de noviembre en relación con los hechos vinculados a la entrada masiva de julio.