La Guardia Civil ha concluido en un informe fechado el 11 de noviembre que la información facilitada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio era «parcial» e «insuficiente» para evaluar la magnitud del riesgo, y que en ningún caso puede equipararse a una alerta temprana. El documento, al que tuvo acceso la agencia EFE, rechaza que las comunicaciones de inteligencia anticiparan el salto entre una convocatoria ordinaria y una crisis de carácter excepcional.

Según el informe, la Jefatura de Información de la Guardia Civil no recibió ninguna comunicación que pudiera calificarse como «alerta» en los días anteriores al suceso, y el instituto armado tampoco tiene constancia de que otras unidades recibieran un aviso de esas características. Lo que sí existieron fueron contactos —llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp— entre un miembro del CNI y un agente de la UCE3 de la Guardia Civil entre el 29 de julio y el 7 de agosto, que el propio informe describe como un «intercambio habitual entre analistas de información».

El argumento del nivel de interlocución

El documento añade un razonamiento revelador: si el CNI hubiera previsto un evento con la magnitud y la gravedad de amenaza a la seguridad nacional que tuvo la crisis de Ceuta, el canal de comunicación empleado habría sido muy distinto, «muy superior, incluso del máximo nivel político». El recurso a mensajes de WhatsApp entre analistas de rango medio contradice, a juicio de la Guardia Civil, que se tratara de una advertencia formal de peso.

Tensión interna en el Gobierno, ahora agudizada

Este nuevo informe reactiva una controversia que dividió al Ejecutivo desde el verano. La ministra de Defensa, Margarita Robles, sostuvo públicamente que el CNI había trasladado a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno la información recabada por sus agentes. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, negó en cambio haber recibido advertencia alguna que permitiera prever una avalancha de tal envergadura.

La disputa se complicó cuando la desclasificación de documentos acreditó que el 29 de julio, un día antes de la crisis, el CNI sí había alertado de convocatorias en redes sociales para acceder a Ceuta tanto por mar como por la valla, y que esa información había sido compartida con los servicios de inteligencia marroquíes y con la unidad de información de la Guardia Civil. A ello se sumó que la respuesta enviada por la Secretaría de Estado de Seguridad a la Audiencia Nacional fue cuestionada al omitir una de esas comunicaciones del CNI.

El malestar en el seno del Gobierno se ahondó además cuando la Policía Nacional remitió directamente a la jueza instructora un informe que señalaba que la entrada había sido planificada y apuntaba a una posible implicación de agentes marroquíes, sin pasar previamente por Marlaska, lo que generó la irritación del ministro.

La investigación judicial en curso en la Audiencia Nacional deberá determinar si las autoridades contaban con información suficiente para haber adoptado medidas preventivas y, en caso afirmativo, qué decisiones se tomaron o se dejaron de tomar antes de que se produjera la crisis.