Claves
- El PP pide explicaciones urgentes a Redondo por audios en que reconoce fallos en las pulseras de maltratadores
- La Fiscalía Europea investiga la gestión de los dispositivos de seguimiento
- Tolón asegura que siguió asesoría jurídica para alquilar su VPO y niega cualquier irregularidad
- Las comparecencias se solicitaron en plena campaña para el 29-N
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este miércoles en la Diputación Permanente del Congreso una petición de comparecencia urgente de dos ministras del Gobierno de Pedro Sánchez: la titular de Igualdad, Ana Redondo, por las deficiencias en los dispositivos de control para maltratadores, y la de Educación, Milagros Tolón, por el alquiler de una vivienda de protección oficial en Toledo.
En el caso de Redondo, la solicitud llega después de que este miércoles se difundieran unos audios en los que, según denuncia el PP, la ministra reconoce en privado que los dispositivos de seguimiento fallan en su «esencia», que el sistema funcionaba mejor «hace tres o cuatro años» y que la falta de una geolocalización adecuada compromete la protección real de las víctimas. La formación considera que se trata de un asunto de «extraordinaria gravedad», y recuerda que la gestión de estos dispositivos está siendo investigada por la Fiscalía Europea.
Muñoz: «Sánchez abandona a las mujeres»
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ester Muñoz, calificó lo ocurrido de «absolutamente intolerable e indefendible» y puso el foco en las víctimas: «Resulta desgarrador imaginar la angustia, el miedo y la impotencia que deben sentir las víctimas y sus familias», afirmó. Muñoz conectó el asunto directamente con la cita electoral del 29 de noviembre: «Este 29 de noviembre tenemos que votar en defensa propia», señaló.
Tolón niega irregularidades en el alquiler de su VPO
El segundo frente afecta a Milagros Tolón. Informaciones periodísticas publicadas esta semana señalan que la ministra alquiló una vivienda de protección oficial de régimen especial en Toledo sin contar con la autorización administrativa preceptiva. El PP califica la operación de «incomprensible e indecente» y exige que Tolón explique en qué condiciones se produjo el arrendamiento y si contaba con los permisos necesarios. «Estamos ante un nuevo ejemplo de la hipocresía del PSOE en materia de vivienda», sostuvo Muñoz.
La ministra respondió este mismo miércoles antes de participar en un acto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Tolón aseguró que ha cumplido «siempre» todos los requisitos legales, «tanto en la adjudicación de la vivienda como en su alquiler», y que actuó siguiendo el criterio de una asesoría jurídica. «Cero especulación», subrayó, añadiendo que ha habido «total transparencia» y «nada de lucro» por su parte. Tolón también precisó que, tras la aparición de las informaciones, se puso en contacto personalmente con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para «aclarar cualquier cuestión que no esté clarificada» y marcó distancias con otros casos de mayor repercusión mediática: «Esto no es el 'aticazo' de siete millones», afirmó.
Ambas comparecencias, si prosperan en la Diputación Permanente, se producirían en plena campaña electoral, con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


