El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha identificado a 18 responsables civiles y policiales marroquíes que, según el informe remitido a la Audiencia Nacional, estuvieron presentes y tuvieron un papel activo durante la entrada masiva e irregular de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Los identificados, según el propio texto del informe, se corresponden con «autoridades de diferentes niveles administrativos y/o de la estructura de seguridad» del reino alauí.

La jueza de instrucción del Juzgado Número 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga los hechos, recibió este informe como ampliación del inicial. Para elaborarlo, los agentes del CENIF entrevistaron hasta el 29 de octubre a un total de 81 de los migrantes que cruzaron irregularmente la frontera aquellos días, y formalizaron 13 actas de declaración. Fue a partir de esos testimonios como lograron identificar, por cargo o por nombre, a los 18 responsables señalados.

El prefecto de Policía y el wali de Tánger-Tetuán-Alhucemas, entre los identificados

Entre los cargos identificados figura Mohamed El Oualidi, prefecto de Policía, descrito en el informe como «la máxima autoridad operativa» de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGSN) en su demarcación. Según el CENIF, le corresponde de forma personal la decisión de ordenar una carga policial o el uso de la fuerza, siempre a requerimiento del gobernador regional. También ha sido identificado Younes Tazi, wali —gobernador regional— de Tánger-Tetuán-Alhucemas, presente el 30 de julio. El wali es la máxima autoridad civil del territorio, lo que sitúa la presunta implicación en el escalón más alto de la administración regional marroquí.

El informe inicial ya había alertado a la jueza de que, en el entorno de la frontera, se detectaron personas cuya actitud resultaba sospechosa, algunas de ellas portando uniformes de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Ceuta reclama una respuesta diplomática y critica que el Gobierno central no informó

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha reaccionado calificando los hechos de «extraordinaria gravedad» y denunciando que lo ocurrido apunta a una actuación planificada contra la integridad territorial de España. La vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Kissy Chandiramani, ha exigido explicaciones al Ejecutivo central sobre qué información tenía antes de que se publicara el informe, y ha reclamado una respuesta diplomática firme hacia Marruecos. El Gobierno local también ha lamentado haberse enterado de los detalles a través de los medios de comunicación, y ha pedido que la investigación de la jueza Tardón llegue hasta el final.