Claves
- Vox abandona la distinción por nacionalidad en las pagas a menores tutelados en Aragón
- La asignación de 17 euros semanales se convierte en incentivo por buen comportamiento para todos
- La Fiscalía y el Justicia de Aragón abrieron actuaciones contra la medida original
- PSOE y plataformas de protección de menores niegan que haya habido un cambio real de política
El Gobierno de Aragón, donde Vox ocupa la vicepresidencia con Alejandro Nolasco al frente de Bienestar Social, ha rectificado su política sobre las asignaciones semanales a menores tutelados. Una nueva instrucción aprobada esta semana establece que los 17 euros semanales que antes recibían sistemáticamente los menores se transforman en un «incentivo educativo individualizado» ligado al buen comportamiento, sin distinción de nacionalidad. La vicepresidenta aragonesa, Mar Vaquero, confirmó la medida tras el Consejo de Gobierno.
El punto de partida fue el 27 de julio, cuando Nolasco anunció la eliminación de esa asignación para los menores extranjeros no acompañados tutelados, manteniéndola para los de origen español. El consejero defendió la medida como un ahorro de 180.000 euros anuales, equivalente, según sus cálculos, al coste de hasta siete plazas nuevas en residencias de ancianos.
Fiscalía y Justicia de Aragón abrieron actuaciones contra la medida original
La diferenciación por nacionalidad desencadenó una respuesta institucional en cadena. El Ministerio de Juventud e Infancia llevó el asunto a la Fiscalía, que abrió dos expedientes, mientras el Justicia de Aragón inició una actuación de oficio. Ante esa presión, el departamento revocó la instrucción inicial y aprobó una versión provisional más acotada que limitaba la supresión a tres centros concretos —con mayoría de menores extranjeros— donde, según la consejería, existían problemas graves de convivencia, incluyendo robos, amenazas y agresiones.
Tras cuatro meses de aplicación en esos centros, el departamento comunicó que la supresión había «cumplido los objetivos previstos» y anunció su extensión a todos los centros de la comunidad, presentándolo como el fin definitivo del «sistema generalizado de entregas de efectivo». Sin embargo, la misma instrucción recoge que las entidades gestoras podrán aplicar «incentivos educativos individualizados» como «instrumentos de refuerzo positivo», lo que en la práctica supone mantener la paga condicionada al comportamiento para todos los menores, con independencia de su origen.
PSOE y plataformas de protección de menores discuten el relato de Vox
La diputada socialista Mónica Iglesias denunció que el Ejecutivo aragonés toma decisiones «precipitadas» y sin suficientes garantías legales, para corregirlas después. «Una vez más, el Gobierno del señor Azcón tiene que recular», afirmó, señalando que la «prioridad nacional» de Vox ha quedado «por los suelos».
La plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección de Menores también cuestionó el enfoque de la consejería. Sus representantes señalaron que la instrucción consolida «la continuidad de los sistemas de incentivos educativos individualizados que las entidades gestoras vienen desarrollando en los centros», siempre que respondan a objetivos concretos, y que eso es «exactamente lo mismo que se hacía hasta ahora».
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


