El PSOE ha remitido al juzgado que instruye el caso Leire la documentación relativa a los abogados que el partido contrató entre 2021 y 2025, así como las facturas correspondientes a esos encargos. Junto con la entrega, la formación socialista ha solicitado al juez que esa información reciba un «tratamiento reservado» y no sea trasladada a las partes personadas en el procedimiento.

Entre esas partes se encuentra el PP, que actúa en la causa como acusación popular. La petición de reserva del PSOE implica, por tanto, que el principal partido de la oposición no tendría acceso a esos datos sobre los servicios jurídicos contratados por los socialistas durante ese periodo de cuatro años.

El PP, excluido de la información como acusación popular

La condición de acusación popular otorga al PP legitimidad procesal para intervenir en la causa, aunque el partido no sea directamente perjudicado por los hechos investigados. La solicitud socialista de confidencialidad sobre los datos de sus abogados coloca al juez ante la decisión de si acepta o no ese tratamiento diferenciado para esa documentación, limitando así el acceso de las acusaciones al material aportado.