El lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, ha lanzado un aviso directo a Pedro Sánchez: la crisis diplomática desatada en torno a Ceuta puede ser el detonante final de una legislatura que, a su juicio, ya camina en tiempo de descuento. El dirigente vasco ha reclamado además que, si el Ejecutivo central no es capaz de sacar adelante unos presupuestos generales, lo consecuente sería convocar elecciones generales.

Las palabras de Pradales adquieren peso político específico por venir del socio vasco que sostiene desde el Parlamento la mayoría de investidura de Sánchez. No se trata de una crítica de la oposición, sino de una señal de alarma procedente del bloque que hasta ahora ha mantenido al Gobierno en pie. Que el propio lehendakari hable de «tiempo de descuento» para describir el estado de la legislatura ilustra hasta qué punto la crisis de Ceuta ha sacudido la aritmética parlamentaria y la confianza entre los socios del Ejecutivo.

La crisis de Ceuta como catalizador de tensiones previas

La gestión del conflicto en Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa las fragilidades estructurales de un Gobierno que depende de mayorías variables y sensibles a cualquier movimiento en política exterior o de seguridad. Pradales no ha sido el único voz crítica, pero su posición institucional —al frente del Gobierno vasco y con capacidad de influir en los apoyos parlamentarios del PNV— convierte su advertencia en algo cualitativamente distinto a las críticas habituales de la oposición.

La exigencia de convocar elecciones si no hay presupuestos aprobados reproduce un argumento que el propio Sánchez utilizó en el pasado para forzar comicios anticipados, y que ahora sus propios aliados le devuelven como condición de supervivencia política. La ausencia de cuentas públicas aprobadas, que arrastra ya varios ejercicios, se consolida así como el principal indicador de la capacidad real de gobernabilidad del Ejecutivo.