El Ministerio de Agricultura ha aprobado un decreto que obliga a retener en almacén el 12% de la producción de aceite de oliva con el objetivo de frenar la caída de precios que atraviesa el sector. La medida, de carácter obligatorio, afecta a los operadores del mercado y busca regular la oferta disponible para evitar que el exceso de producto en circulación siga presionando a la baja las cotizaciones.

La decisión responde a la preocupación del Gobierno por las distorsiones que se están produciendo en el mercado del aceite de oliva, un producto estratégico para la agricultura española y, en particular, para las regiones productoras. El ministerio argumenta que el almacenamiento privado forzoso es un mecanismo habitual en la política agraria europea para intervenir cuando los precios caen por debajo de niveles considerados sostenibles para los productores.

Un sector que lleva meses bajo presión

El mercado del aceite de oliva ha experimentado una fuerte oscilación de precios en los últimos años: tras el encarecimiento histórico provocado por las malas cosechas de 2022 y 2023, la recuperación de la producción ha generado el efecto contrario, con una oferta abundante que ha arrastrado las cotizaciones a la baja. Esta situación ha generado inquietud entre agricultores y cooperativas, que alertan de que los precios actuales no garantizan la viabilidad económica de sus explotaciones.

El decreto del Ministerio de Agricultura establece que el porcentaje obligatorio de almacenamiento se calculará sobre la producción de cada operador, de forma que el volumen retirado temporalmente del mercado sea proporcional al tamaño de cada agente. La medida tiene como efecto inmediato reducir la cantidad de aceite disponible para la venta, lo que, en teoría, debería contribuir a estabilizar o revertir la tendencia bajista de los precios.

España es el primer productor mundial de aceite de oliva, con Andalucía a la cabeza, seguida de Castilla-La Mancha y Extremadura. Catalunya también cuenta con una producción relevante, especialmente en las comarcas de las Terres de l'Ebre y el Baix Ebre, donde el aceite de oliva es un sector económico de primer orden.