La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado de forma unánime las tres quejas que los representantes de las acusaciones, encabezadas por Salomé Pradas y Carlos Argüeso, habían formulado contra Núria Ruiz Tobarra, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja que dirige la investigación sobre la gestión institucional de la DANA que devastó el sur de la Comunidad Valenciana.

El órgano ha considerado que la grabación aportada como soporte de las denuncias fue obtenida de forma ilícita, lo que invalida su uso como base para abrir cualquier tipo de expediente o medida disciplinaria contra la jueza. La unanimidad del pronunciamiento subraya que no hubo fisura alguna en la valoración jurídica del CGPJ: la vía intentada por las acusaciones para cuestionar la idoneidad de Ruiz Tobarra no tenía sustento legal.

Las quejas, una estrategia que no ha prosperado

Pradas y Argüeso, que ejercen la acusación particular en el procedimiento sobre la DANA, habían presentado las quejas como respuesta a decisiones o actuaciones de la magistrada durante la instrucción del caso. Sin embargo, al fundamentar sus denuncias en una grabación cuya licitud ha sido rechazada por el propio CGPJ, toda la argumentación construida sobre ese material quedó sin efecto. El archivo no entra a valorar el fondo de las quejas, sino que las descarta por la improcedencia del medio probatorio empleado.

La investigación judicial sobre la respuesta de las autoridades valencianas ante la catástrofe de la DANA sigue abierta bajo la dirección de Ruiz Tobarra. El intento de apartar o presionar a la magistrada a través de la vía disciplinaria ha quedado zanjado, al menos en esta instancia, con un rechazo rotundo y sin votos en contra.