El calendario judicial vuelve a cruzarse con la política catalana de fondo. Si el Tribunal Constitucional se pronuncia favorablemente sobre la aplicación de la amnistía al delito de malversación el próximo 6 de octubre, tanto Carles Puigdemont como Oriol Junqueras quedarían en una situación radicalmente distinta a la que han vivido desde el otoño de 2017: el primero podría regresar a España sin riesgo de detención inmediata; el segundo podría recuperar la plena capacidad para presentarse como candidato a la Presidencia de la Generalitat.

La ley de amnistía, aprobada por el Congreso con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez y los votos de los partidos independentistas, lleva meses pendiente de que los tribunales resuelvan su aplicación concreta a los distintos delitos imputados a los procesados del procés. El escollo central sigue siendo la malversación, el cargo de mayor peso penal que pesaba sobre buena parte de los encausados. El Constitucional tiene ahora sobre la mesa si esa figura delictiva queda efectivamente cubierta por el paraguas de la amnistía.

Qué significaría para Puigdemont una resolución favorable

Para el líder de Junts, huido de la Justicia española desde hace más de siete años, una resolución favorable del TC supondría el fin del principal obstáculo legal para pisar territorio español. Puigdemont ha mantenido desde Bélgica una actividad política intensa, pero su ausencia física del país ha condicionado cualquier aspiración institucional directa. Un regreso sin consecuencias penales inmediatas le permitiría reclamar protagonismo en la política catalana en primera persona, algo que hasta ahora solo ha podido ejercer a distancia y a través de sus representantes en el Parlament y en el Congreso.

El caso de Junqueras: inhabilitación y candidatura

La situación de Oriol Junqueras es diferente pero igualmente relevante. El presidente de ERC fue condenado por el Tribunal Supremo e inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos. La amnistía, si se aplica plenamente a su caso, podría levantar esa inhabilitación y devolverle la elegibilidad electoral. Junqueras ha manifestado en diversas ocasiones su intención de encabezar una candidatura de ERC a la Generalitat si recupera esa capacidad legal, lo que convertiría al expresidente en uno de los actores centrales de la próxima cita electoral catalana.

La resolución del TC del 6 de octubre no es, en todo caso, el punto final del proceso. Aunque el Constitucional se pronunciara favorablemente, los tribunales ordinarios —incluido el Supremo— tendrían que aplicar esa doctrina a cada causa individual, lo que puede abrir nuevos episodios de litigio. La historia judicial del procés ha demostrado sobradamente que entre una resolución favorable en un alto tribunal y su traslado práctico a la situación de cada imputado puede transcurrir un tiempo considerable.

Lo que sí queda claro es que el 6 de octubre marca una fecha con implicaciones directas sobre el mapa político catalán de los próximos meses, con dos figuras —Puigdemont y Junqueras— cuyo peso en sus respectivos partidos sigue siendo determinante, con o sin presencia física en las instituciones.