Los grandes tenedores de vivienda en Catalunya no tendrán que ver su nombre expuesto públicamente, al menos por ahora. Una resolución judicial ha dado la razón a estos propietarios y ha bloqueado la pretensión del Govern de publicar en la web de l'Agència de l'Habitatge la razón social y el NIF de quienes acumulan grandes carteras inmobiliarias. La decisión judicial supone un revés significativo para uno de los instrumentos más publicitados por el Govern en su respuesta a la crisis del acceso a la vivienda.

El Parlament aprobó en marzo de 2022 la creación de un Registro de Grandes Tenedores, un mecanismo pensado para dotar de transparencia al mercado inmobiliario en un momento en que la presión sobre el alquiler y los precios de compraventa se ha convertido en uno de los problemas sociales más agudos de Catalunya. Desde entonces, el Govern ha estado elaborando el decreto que debía desarrollar ese mandato parlamentario, un proceso que se ha prolongado más de dos años sin que el reglamento haya sido aprobado definitivamente.

El borrador del decreto, paralizado ante la derrota en los tribunales

Según el borrador al que ha tenido acceso el diario Ara, l'Agència de l'Habitatge pretendía ir más allá del simple registro interno y quería publicar en abierto la razón social y el número de identificación fiscal de las personas jurídicas con grandes bolsas de pisos. Ese era precisamente el punto que los tribunales han considerado improcedente, al entender que vulnera derechos relacionados con la protección de datos o la privacidad de esas entidades. La sentencia, en la práctica, obliga a replantear una parte sustancial del diseño del registro tal como estaba concebido.

La demora acumulada en la tramitación del decreto —más de dos años desde el mandato del Parlament— y la derrota judicial ponen en evidencia las dificultades del Govern para traducir en políticas eficaces sus compromisos legislativos en materia de vivienda. El registro era presentado como una herramienta de presión y control sobre los grandes propietarios, especialmente los fondos de inversión y las socimis, señalados habitualmente como actores que contribuyen a tensar el mercado. Sin la publicidad de sus nombres, el instrumento pierde buena parte de su efecto disuasorio y su utilidad para la ciudadanía.

La crisis del acceso a la vivienda afecta al conjunto de Catalunya con especial virulencia en el área metropolitana de Barcelona, donde los precios del alquiler han encadenado años de subidas y la oferta disponible se ha contraído. En ese contexto, la transparencia sobre quién posee grandes bolsas de inmuebles era reclamada por colectivos de inquilinos y por varios grupos parlamentarios como un requisito mínimo para poder regular con rigor el mercado. La resolución judicial cierra, por ahora, esa vía.