La autopista AP-7 ha dejado de ser un problema de tráfico para convertirse en una cuestión de seguridad vial de primera magnitud. En los últimos cinco años, el número de accidentes registrados en esta vía se ha multiplicado por 2,6 en términos globales, una cifra que ya de por sí resultaría alarmante. Pero el dato más grave se localiza en la provincia de Tarragona, donde el incremento supera el factor 3,3, lo que sitúa este tramo en un récord histórico dentro del conjunto de la red de autopistas españolas.

La liberalización del peaje, que convirtió la AP-7 en una vía de acceso gratuito, trajo consigo un aumento sustancial del tráfico que la infraestructura no estaba preparada para absorber. El resultado es una autopista congestionada, con una densidad de vehículos que sobrepasa su capacidad de diseño en determinadas horas y tramos, y cuya siniestralidad ha escalado de forma sostenida año tras año. La percepción de saturación que comparten millones de conductores catalanes tiene ahora una traducción objetiva en forma de estadística de accidentes.

Un récord español que exige una respuesta de Estado

Que Tarragona concentre el peor índice de siniestralidad de toda España no es un dato menor: implica que este territorio soporta un riesgo viario desproporcionado respecto al conjunto del país. La AP-7 vertebra el corredor mediterráneo y es una arteria logística y de movilidad crítica para Cataluña, para el comercio con Europa y para la conectividad del arco mediterráneo. Su deterioro funcional no es, por tanto, un asunto local ni autonómico: es un problema de Estado que requiere inversión y planificación a la altura de su importancia estratégica.

La tendencia al alza en la siniestralidad durante cinco años consecutivos descarta que se trate de una anomalía puntual. Es una dinámica estructural que responde a la combinación de mayor volumen de tráfico, infraestructura envejecida y una gestión de la capacidad que no ha seguido el ritmo de la demanda real. Mientras los datos siguen empeorando, la respuesta institucional —tanto desde el Ministerio de Transportes como desde la Generalitat— no ha estado a la altura de la urgencia que los números reflejan.