El Departamento de Educación de la Generalitat lleva días intentando gestionar las consecuencias de uno de los errores más graves en la historia reciente del sistema educativo catalán: un fallo en la aplicación de las pruebas PISA que impide comparar los resultados de Cataluña con otros territorios y con ediciones anteriores. El anuncio se hizo público el viernes, a finales de julio, pero la propia consejería había reconocido que la alerta del error llegó al Govern en marzo. Ahora, el secretario de Mejora Educativa, Ignasi Giménez, intenta corregir esa versión y asegura que la confirmación definitiva del fallo no se produjo hasta «hace relativamente pocas semanas».

La contradicción entre ambas versiones del departamento resulta difícil de ignorar. Si en un primer momento la consejería admitió haber recibido una alerta en marzo, Giménez introduce ahora un matiz que pretende deslindar entre recibir un aviso y obtener una confirmación formal. La distinción puede tener cierta lógica técnica, pero políticamente no despeja las preguntas más incómodas: qué hizo el departamento durante los meses que mediaron entre la alerta y la confirmación, y por qué el anuncio público se retrasó hasta el final del verano.

Un error que invalida la comparabilidad de los datos catalanes

El impacto del fallo es de calado. Las pruebas PISA son el principal instrumento de medición internacional del rendimiento educativo de los estudiantes de 15 años, y sus resultados son una referencia capital tanto para los gestores públicos como para las familias y la comunidad educativa. Que los datos de Cataluña no puedan cotejarse con los de otras comunidades autónomas ni con los ciclos anteriores priva al sistema educativo catalán de un termómetro comparativo durante al menos un ciclo. La pérdida de esa trazabilidad no es un problema menor: hace imposible saber si las políticas educativas implantadas en los últimos años han funcionado o no.

El Departamento de Educació no ha precisado en qué consistió exactamente el error procedimental, ni quién fue responsable de su comisión, ni si hubo alguna comunicación con la OCDE —organismo que coordina PISA— durante los meses previos al anuncio. Esa falta de transparencia sobre el origen y la cadena de responsabilidad del fallo alimenta la sensación de que la consejería ha gestionado la crisis pensando más en minimizar el impacto político que en ofrecer una rendición de cuentas clara a la ciudadanía.

El momento elegido para la divulgación —un viernes de finales de julio, en plena desbandada veraniega— tampoco contribuye a generar confianza. En el ámbito de la comunicación institucional, el viernes por la tarde es el horario clásico para enterrar noticias incómodas, y la coincidencia no ha pasado desapercibida entre los observadores del sector educativo.