Los grupos parlamentarios del PP y Vox en las Corts Valencianes han registrado este viernes un paquete de enmiendas transaccionales a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos que será votada la próxima semana en pleno. El acuerdo modifica dos leyes sociales de calado: la de servicios sociales inclusivos y la de renta valenciana de inclusión, aprobada apenas en abril.

La modificación más llamativa en términos jurídicos afecta a la ley de servicios sociales. La enmienda introduce una disposición final que veda el acceso a prestaciones y servicios sociales de carácter estructural a las personas que se encuentren en situación administrativa irregular en España. La única excepción contemplada es la atención de urgencia vital, en los términos que ya reconoce el ordenamiento jurídico vigente. Además, el texto pactado incorpora el llamado principio de prioridad nacional: las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas quedarán vinculadas a la trayectoria de cotización y a un período mínimo reforzado de arraigo y empadronamiento en el territorio valenciano.

El plazo de residencia para la renta de inclusión se multiplica por cuatro en ocho meses

El segundo cambio es igualmente significativo por la rapidez con que se produce. La ley de renta valenciana de inclusión que PP y Vox acordaron en abril fijaba en 15 meses de empadronamiento continuado —o cinco años dentro de los diez anteriores— el requisito mínimo para acceder a la prestación. La nueva enmienda eleva ese umbral a tres años de residencia continuada, o bien a diez años dentro de los treinta inmediatamente anteriores a la solicitud. En la práctica, el requisito se cuadriplica en el plazo continuado y se dobla en el cómputo ampliado, apenas medio año después de que entrara en vigor la regulación anterior.

El cambio se produce en paralelo a la aprobación de los presupuestos autonómicos valencianos para 2026, votados favorablemente el pasado miércoles también con el respaldo de PP y Vox, y en los que ya se incorporaba el principio de prioridad nacional en el reparto de recursos públicos.

Compromís anuncia un recurso de inconstitucionalidad

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. El síndic de Compromís, Joan Baldoví, calificó el acuerdo de cesión del PP ante las exigencias de Vox y anunció que su partido presentará un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de acompañamiento y contra los recortes de derechos pactados por ambos partidos. Baldoví sostuvo que estas medidas van contra los consensos básicos de la sociedad valenciana.

La constitucionalidad de las restricciones generales al acceso de extranjeros en situación irregular a prestaciones sociales estructurales es un terreno jurídico disputado. El Tribunal Constitucional ha matizado en varias ocasiones el alcance de ese tipo de exclusiones, lo que anticipa un debate legal de fondo si la ley finalmente prospera con este texto.