Claves
- DFactory Barcelona pasará de 17.000 a casi 60.000 m² con tres edificios terminándose en 2025
- El edificio B, pendiente de autorización del Consejo de Ministros, añade quince meses más de obra
- El Consorci prevé 31,4 millones de beneficio en 2026, financiado íntegramente con recursos propios
- El acuerdo PSC-ERC daría a la Generalitat y el Ayuntamiento el 55% del control del organismo
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) afronta simultáneamente su mayor expansión física en décadas y la negociación de un cambio profundo en su estructura de poder. El plenario de verano, presidido por el alcalde Jaume Collboni, ha puesto sobre la mesa la ampliación de DFactory Barcelona —el polo de industria 4.0 del polígono— y un acuerdo político entre el Govern del PSC y ERC que otorgaría a las instituciones catalanas el control mayoritario de la entidad.
DFactory funciona a plena capacidad desde hace tiempo. El complejo, que ocupa actualmente 17.000 metros cuadrados, alberga 48 empresas dedicadas a robótica, inteligencia artificial, manufactura avanzada, impresión tridimensional, sensórica, realidad virtual y ciberseguridad. El conjunto ha generado 63 patentes internacionales, una cifra que el Consorci emplea como indicador de la densidad tecnológica del proyecto.
Tres edificios a punto de entregarse, uno pendiente de Madrid
Las obras de ampliación avanzan a ritmos distintos según el edificio. El llamado Cubo ya tiene la estructura terminada y la fachada cerrada, con previsión de finalizar en octubre. Los edificios A y D deberían estar listos antes de que acabe el año, lo que permitiría instalar las primeras empresas a principios de 2027. El cuarto inmueble, el edificio B, está bloqueado a la espera de la autorización del Consejo de Ministros; una vez obtenida, la construcción duraría unos quince meses. Cuando todo esté operativo, el complejo habrá multiplicado por más de tres su superficie actual, hasta rozar los 60.000 metros cuadrados.
El alcalde Collboni aprovechó el plenario para defender el modelo de industria urbana como antídoto frente a la especialización terciaria de Barcelona. Según su argumento, la industria digital ocupa menos suelo, produce menos emisiones y demanda perfiles profesionales más cualificados que la industria convencional, lo que la hace compatible con el tejido urbano de una gran ciudad. El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, fue más ambicioso: planteó extender el modelo DFactory al conjunto del polígono para crear el llamado DFactory Barcelona District.
Cuentas saneadas que financian la expansión sin ayudas externas
El Consorci prevé cerrar 2026 con un beneficio ordinario de 31,4 millones de euros, un 2% por encima de la estimación del ejercicio anterior, y una facturación de 82 millones. La entidad se financia íntegramente con los ingresos de su patrimonio inmobiliario y de sus actividades propias, sin transferencias ordinarias de otras administraciones. Esa autonomía financiera es también uno de los argumentos con los que ERC justifica el interés en ganar peso en la gobernanza del organismo.
Dentro de las actividades de promoción, el CZFB organiza la Barcelona New Economy Week (BNEW), que celebrará su séptima edición del 5 al 7 de octubre con una agenda centrada en inteligencia artificial, energía, salud, aeroespacial, alimentación, talento y videojuegos.
El reparto de poder que ERC califica de «avance en el autogobierno»
El cambio más sustancial que emerge del plenario no es arquitectónico sino político. El pacto presupuestario entre el Govern socialista y ERC incluye una modificación en la composición del CZFB que elevaría la representación conjunta de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona al 55%: un 40% para la administración autonómica y un 15% para el consistorio. El Estado pasaría del control que ejerce actualmente —el delegado estatal preside el comité ejecutivo— a quedarse con el 45% restante.
ERC ha presentado esta cesión como un hito de autogobierno, argumentando que el Consorci ya no es solo una institución de gestión aduanera sino una plataforma pública de desarrollo económico con capacidad real de orientar la transformación industrial de Barcelona y su área metropolitana. La reforma, no obstante, todavía debe concretarse jurídicamente, y los detalles de cómo se articulará el nuevo reparto de competencias ejecutivas están por definir. Que una institución con 82 millones de facturación, suelo estratégico y capacidad de atracción de inversión extranjera cambie de manos bajo la presión de una negociación presupuestaria es, cuando menos, un dato que merece seguimiento.
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