El Govern de Salvador Illa y Els Comuns han alcanzado un acuerdo para impulsar una nueva proposición de ley que extiende la obligación de destinar suelo a vivienda protegida oficial (HPO) a ubicaciones que hasta ahora quedaban fuera de esa exigencia. El pacto, que amplía el radio de acción de la normativa vigente, se enmarca en la respuesta del ejecutivo catalán a la crisis de acceso a la vivienda que afecta especialmente a las grandes ciudades y a los municipios con mayor tensión residencial.

La propuesta va más allá de la reserva de suelo para HPO. Según el acuerdo, cualquier vivienda de nueva construcción ubicada en un municipio declarado de alta presión residencial —tanto si se trata de vivienda protegida como de libre mercado— quedaría vetada para su uso como alquiler de temporada, alquiler por habitaciones o alojamiento turístico. Es decir, la restricción no se limitaría a la tipología de la vivienda, sino al territorio donde se levanta.

Una medida que afectaría al mercado libre, no solo al protegido

El punto más relevante del acuerdo es precisamente ese: la extensión de las restricciones de uso a pisos construidos en régimen de libre mercado. Un promotor privado que edifique en un municipio de alta presión residencial no podrá orientar esos inmuebles al mercado turístico ni al alquiler por habitaciones, modalidades señaladas como factores que contribuyen a reducir la oferta disponible para residencia habitual y a presionar al alza los precios.

La medida conecta con una tendencia legislativa que en los últimos años ha ido acotando progresivamente los usos alternativos de la vivienda en Catalunya, desde la regulación de los pisos de uso turístico hasta la Ley de Contención de Rentas. Sin embargo, aplicar esas restricciones a obra nueva de mercado libre supone un paso de mayor calado, ya que incide directamente sobre las expectativas de rentabilidad con las que los promotores conciben sus proyectos desde el inicio.

El alcance territorial, pendiente de concretar

La proposición de ley no detalla, al menos en lo conocido hasta ahora, qué municipios quedarían incluidos en la categoría de alta presión residencial ni con qué criterios se actualizaría ese listado. Ese es un flanco que el texto deberá resolver con precisión, dado que de esa definición dependerá en la práctica el alcance real de las nuevas obligaciones. La delimitación territorial es, históricamente, uno de los puntos más litigiosos en la normativa catalana de vivienda, con impugnaciones reiteradas por parte de ayuntamientos y promotores.

El pacto entre el PSC y Els Comuns refuerza la posición parlamentaria de Illa en materia de vivienda, un terreno en el que el president ha hecho de la intervención pública uno de sus ejes de gobierno. Para Els Comuns, el acuerdo representa una conquista programática en línea con sus posiciones históricas sobre el control del mercado inmobiliario.