La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado un paso que rompe con su habitual posición de distancia respecto al Gobierno de Pedro Sánchez: ha solicitado formalmente la declaración de emergencia nacional para que sea el Ministerio del Interior quien asuma el mando de los operativos de extinción de tres incendios forestales que están asolando la región. La magnitud del fuego, que ha obligado a evacuar a más de 11.000 personas, ha llevado al Ejecutivo autonómico a reconocer que la situación desborda su capacidad de respuesta en solitario.

La decisión supone una cesión de competencias operativas al Gobierno central en un momento de máxima tensión política entre ambas administraciones. Cuando una comunidad autónoma solicita la declaración de emergencia nacional, el Ministerio del Interior pasa a coordinar y dirigir los dispositivos de extinción y rescate, desplazando a la autoridad autonómica a un segundo plano en la cadena de mando. Ayuso, que ha hecho de la defensa de la autonomía de gestión de su comunidad uno de sus principales estandartes políticos, se ve así en la tesitura de reclamar exactamente lo que tantas veces ha resistido: la intervención directa del Estado central.

Tres frentes activos y 11.000 evacuados

Los tres focos activos han provocado una crisis humanitaria y logística de primera magnitud en la región. La cifra de 11.000 personas desalojadas de sus hogares y zonas de riesgo refleja la envergadura de unos incendios que las autoridades madrileñas no han podido contener con sus propios medios. La declaración de emergencia nacional, si el Ministerio del Interior la aprueba, permitiría movilizar recursos extraordinarios del Estado —medios aéreos, efectivos del ejército y unidades especializadas de protección civil— bajo una dirección unificada desde Madrid capital.

El episodio pone de relieve, más allá de la coyuntura política, una cuestión de fondo sobre la capacidad real de las comunidades autónomas para hacer frente a catástrofes de gran escala sin recurrir al paraguas del Estado. En este caso, la solicitud de Ayuso llega después de que los focos hayan desbordado los dispositivos regionales, lo que abre preguntas legítimas sobre si los medios propios de la Comunidad estaban suficientemente dimensionados para afrontar un escenario de estas características.