Pedro Sánchez acumula un nuevo fracaso en el Congreso antes de la pausa estival. El pleno extraordinario de este jueves culmina con el segundo y definitivo rechazo a la denominada vía de estabilidad —los objetivos de déficit y deuda pública—, un trámite imprescindible que el Gobierno necesitaba superar para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado en otoño. El resultado reproduce el de la semana anterior: los votos en contra del PP, Vox y Junts por Catalunya suman mayoría suficiente para hundir la propuesta.

La derrota llega, además, en una fecha políticamente simbólica: el tercer aniversario de las elecciones del 23 de julio de 2023, que dieron paso a la investidura de Sánchez tras una negociación prolongada con múltiples fuerzas parlamentarias. Tres años después, la coalición de apoyos que permitió al presidente mantenerse en La Moncloa muestra sus límites con creciente claridad.

Sin senda de estabilidad, sin Presupuestos

La aprobación de la senda de estabilidad es el primer paso obligatorio en el calendario presupuestario. Sin luz verde del Congreso, el Ejecutivo carece de la base legal y política para elaborar y presentar unas cuentas del Estado. El rechazo de este jueves, al ser ya el segundo intento —la norma no permite un tercero en el mismo periodo—, cierra definitivamente esa vía para la convocatoria de otoño.

La confluencia de PP, Vox y Junts en el 'no' tiene motivaciones distintas pero produce el mismo efecto práctico: el bloqueo presupuestario se prolonga. El PP lo hace desde una posición de oposición frontal al Gobierno; Vox, desde sus coordenadas habituales; y Junts, que en otras ocasiones ha sostenido al Ejecutivo en votaciones críticas, marca aquí distancias en un momento de tensión con el Gobierno central. Que los tres coincidan no es una casualidad puntual, sino el reflejo de la debilidad estructural de una mayoría parlamentaria que Sánchez no ha conseguido consolidar.

España encadena así otro ejercicio sin Presupuestos aprobados, prorrogando las cuentas del Estado mientras el Gobierno negocia su supervivencia votación a votación. Una situación que, desde cualquier ángulo ideológico razonable, representa una anomalía grave en la gestión de las finanzas públicas.