Toni Comín entró en España el miércoles por la noche atravesando la frontera en coche desde el País Vasco francés, y al día siguiente compareció ante la Junta Electoral Central en el Congreso de los Diputados para prometer acatamiento a la Constitución, trámite imprescindible para recuperar su escaño como eurodiputado de Junts. Fue la primera vez que el exdiputado pisaba territorio español en casi nueve años.

La promesa se formuló en catalán y estuvo acompañada de una salvedad que Comín hizo constar expresamente: que la realizaba 'por el mandato del 1 de octubre y por imperativo legal'. La fórmula es habitual entre los dirigentes independentistas que, al tiempo que cumplen el requisito legal exigido, dejan constancia pública de que no lo hacen por convicción constitucional sino por obligación jurídica. Completado el trámite, Comín podrá ejercer de nuevo como diputado en el Parlamento Europeo.

El regreso, posible gracias a la ley de amnistía

El retorno de Comín a España es consecuencia directa de la aplicación de la ley de amnistía aprobada en la legislatura anterior. Al amparo de esa norma, el eurodiputado quedó libre de las responsabilidades penales que hasta ahora le impedían regresar sin riesgo de detención. Comín ha confirmado que en ningún momento durante estos nueve años regresó de forma clandestina, aunque reconoció que habría podido hacerlo, y que el próximo fin de semana tiene previsto viajar a Cataluña por primera vez desde que abandonó el territorio en 2017.

En declaraciones a RAC1 este jueves, el eurodiputado describió el cruce de frontera como un momento con 'sensación física' de victoria y afirmó que el Estado había 'capitulado' al no haber podido impedir su regreso. Empleó la metáfora bíblica de David contra Goliat para ilustrar su valoración de los hechos.

La amnistía que ha hecho posible el regreso de Comín es uno de los elementos más controvertidos del acuerdo de investidura que sostiene al Gobierno de Pedro Sánchez. PP y Vox recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que vulnera el principio de igualdad ante la ley y que supone una cesión al independentismo a cambio de apoyos parlamentarios. El Constitucional admitió los recursos a trámite, aunque la norma entró en vigor y sus efectos se están aplicando.