El PSOE ha comunicado a la Audiencia Nacional que, de momento, no entregará los contratos firmados con despachos de abogados durante los años en que habría operado la denominada trama de Leire Díez, aduciendo que la relación entre abogado y cliente está amparada por el secreto profesional. Así lo explicó este miércoles Rebeca Torró, secretaria de Organización del partido, en una entrevista en la Cadena Ser.

Según Torró, el partido registró el día anterior un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz para advertirle de esta circunstancia. La dirigente socialista citó una circular del Consejo General de la Abogacía de mayo pasado que, a su juicio, respalda que esa confidencialidad entre letrado y cliente tiene rango de derecho fundamental. Lo comparó con la imposibilidad de que el director de un centro de salud entregue los expedientes de sus pacientes.

Los militantes, como posibles clientes directos

Al ser confrontada con el argumento de que el propio cliente puede autorizar la divulgación de su expediente, Torró introdujo un matiz: no siempre el PSOE es el cliente en esos contratos, sino que en algunos casos lo serían directamente los militantes. Por esa razón, el partido ha consultado al Colegio de la Abogacía sobre cómo proceder sin vulnerar ese secreto profesional. El partido espera la respuesta del colegio antes de tomar una decisión sobre la entrega de la documentación.

Sobre el fondo del asunto, Torró describió los contratos en cuestión como «servicios jurídicos ordinarios», sin relación con los hechos que instruye el magistrado. Negó asimismo que el PSOE haya tenido contacto con el exjuez de Badajoz acusado de hostigar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez: «En nombre del PSOE, no. Nada», afirmó.

Sin decisión sobre una posible querella contra Leire Díez

Torró tampoco despejó la incógnita sobre si el partido presentará acciones judiciales contra la presunta implicada. «Iremos viendo qué pasa», se limitó a señalar, aunque recordó que el PSOE se reserva cualquier acción judicial si los hechos investigados se confirman.