El Ministerio del Interior ha puesto en marcha una reorganización de la Guardia Civil en Catalunya que elimina puestos de seguridad ciudadana en once unidades territoriales sin asegurar a los agentes afectados una plaza de sustitución. La documentación interna, a la que ha tenido acceso La Razón, establece como fecha límite el 12 de noviembre para que cada efectivo decida su situación —un plazo de menos de una semana desde que se comunicó el escrito el pasado 30 de octubre.

La reorganización crea o refuerza unidades especializadas en materia fiscal y de protección de fronteras, y ofrece a los agentes que actualmente no cuentan con esas especialidades la posibilidad de seguir en Catalunya si realizan un curso de reconversión. El problema, según recoge la propia documentación, es que superar esa formación —calificada de «voluntaria» y sin plazo fijado— tampoco garantiza la continuidad en el cuartel de origen. Quienes quieran mantener funciones de seguridad ciudadana deberán solicitar un nuevo destino que se asignará «preferentemente» en la ubicación más cercana disponible, sin que haya plazas reservadas para ello.

Once unidades afectadas en las cuatro provincias

Las unidades señaladas en el documento se distribuyen por todo el territorio catalán: Roses, Palamós, Lloret de Mar, Figueres, la Compañía de Puigcerdà y la Compañía de Palamós en Girona; Vilanova i la Geltrú y Badia del Vallès en Barcelona; Tàrrega en Lleida; y Amposta y Móra d'Ebre en Tarragona. La documentación no especifica cuántos puestos concretos quedarán suprimidos, aunque fija un máximo de 70 plazas para reubicar a los afectados.

La propia Guardia Civil reconoce en el escrito el «impacto negativo» que la medida tendrá sobre el personal que no tiene garantizada la continuidad laboral. Interior sostiene, en cambio, que la decisión se ha adoptado con «consenso de las distintas zonas afectadas». La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el cuerpo, lo desmiente: según la asociación, ni se informó a las organizaciones representativas ni se planteó al Consejo de la Guardia Civil.

Un cuerpo con el 28% de vacantes y la mitad de cuarteles cerrados desde 2018

La reorganización llega en un momento de debilitamiento estructural de la Guardia Civil en Catalunya. Según datos reconocidos por el propio Ministerio de Interior con fecha de abril de este año, 1.157 de las más de 4.000 plazas asignadas al territorio están desocupadas, lo que representa una tasa de vacantes del 28%. A ello se suma el cierre de patrullas del Seprona en hasta cuatro localidades y la desactivación del Grupo de Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Gedex) de Tarragona.

En cuanto a infraestructura, el número de cuarteles operativos en Catalunya ha pasado de 66 a 34 desde 2018, una reducción de casi la mitad. Esta evolución contrasta con la preocupación que expresaban diputados socialistas durante la etapa de oposición, cuando alertaban de la caída de apenas siete cuarteles en siete años y denunciaban que algunos operaban «con una sola persona». El escrito de reorganización no menciona en ningún momento a los Mossos d'Esquadra ni a la Generalitat.