A ocho días de las elecciones generales del 29 de noviembre, Pedro Sánchez ha anunciado que el próximo martes el Consejo de Ministros aprobará la prórroga del impuesto a la banca para 2027, con una previsión de recaudación de 1.400 millones de euros que el Gobierno destinará a nuevas políticas de vivienda. El anuncio se produce mientras permanece sin acreditar la ejecución completa del paquete de 184.000 viviendas asequibles que el propio Sánchez prometió en 2023.

Según los datos disponibles, de aquellas 184.000 viviendas solo se ha podido documentar la incorporación efectiva de 40.411 unidades al parque de vivienda protegida. Las restantes 143.589 viviendas no constan como ejecutadas, aunque parte de ellas se encuentran en distintas fases de tramitación, construcción o rehabilitación.

Un nuevo paquete antes de revisar el anterior

El nuevo plan que Sánchez presentará en Consejo de Ministros contempla la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de unas 52.000 y la aplicación de bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos durante la próxima legislatura. El Gobierno no ha hecho referencia, en la presentación de esta iniciativa, al grado de cumplimiento del programa anterior.

El impuesto a la banca no es una figura nueva: fue aprobado en 2022, inicialmente como medida temporal ligada al contexto de alta inflación. Durante 2024 recaudó 1.695 millones de euros, cifra superior a los 1.400 millones que se prevén ahora. El Ejecutivo no ha explicado qué destino tendrá la recaudación que supere la previsión anunciada.

Las advertencias del Banco de España, sin respuesta

La decisión de prorrogar el gravamen llega después de que el Banco de España haya formulado objeciones técnicas en dos ocasiones. En un primer momento, el entonces gobernador alertó de que gravar el margen de intereses y comisiones sin considerar suficientemente las provisiones por riesgo podía perjudicar la financiación a pequeñas y medianas empresas, así como las inversiones tecnológicas de las entidades. Más recientemente, en su Informe de Estabilidad Financiera de primavera de 2025, el supervisor volvió a señalar que el diseño del impuesto puede generar distorsiones al gravar una magnitud intermedia de la cuenta de resultados en lugar del beneficio neto final. El Gobierno ha mantenido el gravamen pese a esas observaciones.

El anuncio del sábado vincula expresamente la continuidad del impuesto a la financiación de políticas de vivienda, una diferencia respecto a la justificación original del gravamen, que se sustentaba en el reparto de los costes de la inflación. Los 1.400 millones previstos son, por ahora, una estimación de ingresos; las actuaciones anunciadas, compromisos a futuro.