Pedro Sánchez anunció este sábado en una entrevista en Onda Cero que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 24 de noviembre la prórroga del gravamen extraordinario a la banca, que estaba previsto que expirara a finales de 2026, y que la totalidad de lo recaudado se destinará a políticas de vivienda.

Según los cálculos del Ejecutivo, la extensión del tributo durante 2027 permitirá ingresar 1.400 millones de euros. Fuentes de Moncloa precisaron a la agencia Efe que con ese dinero se podrían financiar la construcción de más de 6.000 viviendas asequibles, la rehabilitación de 52.000 inmuebles y la concesión de bonificaciones fiscales a cerca de 120.000 inquilinos a lo largo de la próxima legislatura.

El presidente y candidato del PSOE también condicionó el mantenimiento de la medida a largo plazo a su continuidad en el Gobierno: si el partido socialista gana las elecciones del 29 de noviembre, el impuesto se prolongará durante toda la legislatura. Sánchez defendió que esa vinculación entre el gravamen bancario y la financiación de la vivienda tiene «todo el sentido» dado que, a su juicio, el acceso a la vivienda es la principal preocupación de los ciudadanos.

Sánchez responde a las críticas y justifica los decretos de última hora

Ante las voces que cuestionan la oportunidad de aprobar medidas por decreto en la semana previa a las elecciones, con las Cortes disueltas y la Diputación Permanente en funciones, Sánchez rechazó que sus decisiones constituyan «fraude de ley» ni «electoralismo», argumentando que llevaría ocho años en el Gobierno haciendo lo mismo. Respecto a las reticencias del sector financiero, el presidente señaló que la banca española no tiene motivos para quejarse a la vista de sus cuentas de resultados durante estos años.

El anuncio se produce en plena campaña electoral y convierte la política de vivienda en uno de los ejes del tramo final de la contienda. La prórroga del impuesto a la banca, que fue aprobado en 2022 como medida temporal, ha recibido el rechazo sostenido de las patronales bancarias, que advierten de que el gravamen desincentiva la inversión crediticia y encarece la financiación para familias y empresas.