Claves
- Canarias tutela a cerca de 3.400 menores migrantes no acompañados
- El Seminario Diocesano de Tenerife ha sido reactivado como recurso temporal con 177 jóvenes
- El Estado reconoce que el real decreto vigente es insuficiente y pide acuerdos territoriales más amplios
- En el último año se derivaron 2.000 menores desde Canarias, Ceuta y Melilla a la península
El Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Ejecutivo central respaldo económico y refuerzo administrativo para sostener el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, lo planteó este viernes al secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, en un encuentro celebrado en el Seminario Diocesano de Tenerife, en La Laguna, que ha sido reactivado esta semana como recurso temporal y alberga en este momento a 177 jóvenes, la mayoría llegados desde El Hierro.
El archipiélago tutela actualmente a cerca de 3.400 menores, una cifra que Delgado utilizó para ilustrar la presión acumulada sobre los servicios de protección canarios. La consejera pidió financiación para cubrir tanto la acogida como los traslados al territorio peninsular, con el objetivo explícito de no volver a las situaciones de colapso vividas en años anteriores, cuando se llegaron a habilitar recintos improvisados de forma masiva.
Expedientes atascados y falta de personal en las subdelegaciones
Uno de los cuellos de botella identificados por el Gobierno canario es la lentitud en la tramitación de los expedientes necesarios para aplicar las derivaciones previstas en el artículo 5 de la Ley de Extranjería. Delgado solicitó explícitamente refuerzo de los equipos de las subdelegaciones del Gobierno en las islas para agilizar esos procedimientos. También apostó por implantar la figura del Defensor del Menor como garantía adicional de derechos.
El secretario de Estado reconoció que el mecanismo actual, basado en un real decreto, se ha quedado corto. Pérez admitió que España necesita «una solución estructural» y apostó por acuerdos interterritoriales más ambiciosos con las comunidades autónomas para redistribuir la acogida de forma estable. En el último año, según sus datos, unas 2.000 personas —menores procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla— fueron derivadas a otras regiones.
Ambas partes coincidieron en valorar positivamente la colaboración mantenida hasta ahora entre el Ministerio de Infancia y el Ejecutivo autonómico, que ha permitido avanzar en cuestiones normativas y en la habilitación de una zona sanitaria hospitalaria específica. Delgado reclamó extender esa vía de diálogo a otras comunidades autónomas para eliminar las trabas burocráticas que frenan los traslados.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


