Claves
- El juez bloquea preventivamente el piso del Ensanche de Vallecas comprado por la novia de Ábalos
- La UCO detectó 65.000 euros de origen sospechoso usados en la compra del inmueble
- El magistrado rechaza ampliar las imputaciones solicitadas por el PP en el caso Koldo
- El piso estaba siendo explotado como alquiler turístico en Airbnb cuando fue registrado
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha ordenado al Registro de la Propiedad de Madrid la anotación preventiva de prohibición de disponer sobre el piso que adquirió Andrea de la Torre, pareja del exministro socialista José Luis Ábalos. La providencia, que impide vender, gravar, transmitir o enajenar el inmueble situado en el Ensanche de Vallecas, se enmarca en la investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que De la Torre recibió 65.000 euros procedentes de una empresa radicada en Portugal que, según la investigación, controlaba a través de testaferros Cristian Corvillo, exchófer de Pedro Sánchez durante las primarias del PSOE de Andalucía en 2017. Dos meses después de recibir esa transferencia, en abril de 2024, De la Torre destinó parte de ese dinero a la compra de un loft y una plaza de garaje por 125.000 euros.
Cuando agentes de la UCO registraron el inmueble el pasado 5 de noviembre, comprobaron que la pareja lo explotaba como alquiler vacacional en la plataforma Airbnb. En ese momento había dos ciudadanos estadounidenses alojados en el apartamento, por cuya estancia habían abonado el precio correspondiente a quince noches.
El juez rechaza ampliar la lista de investigados por el PP y descarta nuevas imputaciones
En la misma resolución, el magistrado Moreno deniega la petición de la acusación popular liderada por el PP, que solicitaba citar como imputados a tres ex altos cargos de la administración sanitaria balear: Manuel Palomino, ex director de gestión y presupuestos del servicio de salud; Antonio Mascaró, ex subdirector de compras y logística, y Julio Miguel Fuster, ex director general y órgano de contratación. Los tres habrían intervenido en la adjudicación a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas —empresa vinculada a la trama— de un contrato de suministro de mascarillas durante la pandemia por importe de 3,7 millones de euros. El juez concluye que, pese a constar su participación en la adjudicación, su conducta no es subsumible en ningún tipo penal.
Moreno también descarta imputar a tres socios de Víctor de Aldama —Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano y César Moreno—, que vendieron material sanitario a las comunidades de Baleares y Canarias bajo gobiernos del PSOE. El instructor aprecia que no existen indicios suficientes de tráfico de influencias en su actuación.
Respecto al alquiler del piso de la que fue amante de Ábalos, Jésica Rodríguez —vivienda que la trama costeaba como presunta comisión—, el juez rechaza igualmente citar a declarar como investigados a Javier Serrano y al hermano de Koldo García, Joseba, por entender que esos hechos quedan absorbidos por el delito de pertenencia a organización criminal del que ya están siendo investigados. Tampoco llamará a Jésica Rodríguez como presunta autora de cohecho pasivo, al no apreciarse indicios de que supiera que el pago del piso derivaba de un acuerdo entre Ábalos y Aldama. El instructor cierra igualmente la puerta a que declare Alberto Escolano, quien sobre el papel formalizó el arrendamiento del inmueble.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


