Claves
- El Gobierno usará la Diputación Permanente el 22-D para blindar sus decretos electorales
- SMI, pensiones y sueldo de funcionarios son las medidas que se quieren convalidar antes del nuevo Pleno
- La aritmética de la Diputación Permanente es más favorable al PSOE que la del Congreso disuelto
- El Ejecutivo acumula ya 11 tramitaciones por esta vía, un récord en democracia
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto utilizar la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para convalidar su batería de decretos aprobados durante la campaña electoral antes de que el nuevo Pleno quede constituido, el 23 de diciembre. Según fuentes consultadas por Expansión, la última convocatoria del órgano se produciría el 22 de diciembre, un día antes de que los diputados electos tomen posesión de sus escaños, con el fin de cerrar la puerta a un eventual veto parlamentario en la nueva legislatura.
Entre las medidas que el Ejecutivo pretende dejar convalidadas figuran la subida del salario mínimo interprofesional para 2027 y su exención en el IRPF, el incremento salarial para los empleados públicos y las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos para el próximo ejercicio. A esas medidas se sumaría la revalorización de las pensiones: el decreto correspondiente se aprobaría después del 15 de diciembre, cuando se conozca el dato definitivo de inflación de noviembre, y se llevaría igualmente a la Diputación Permanente el 22 de ese mes.
Antes de las elecciones del 29-N habrá también una reunión del órgano, previsiblemente el jueves 26 de noviembre, para convalidar los decretos aprobados en los últimos consejos de ministros.
Una fórmula con doble utilidad estratégica
La maniobra responde a dos cálculos políticos simultáneos. El primero es el reparto de la Diputación Permanente, que no refleja el resultado de las urnas sino la composición de la Cámara disuelta. Esto permite al Gobierno operar con una aritmética más favorable: en ese foro, a diferencia del Pleno que estuvo vigente hasta la disolución, el Ejecutivo no necesita el concurso de Junts para sacar adelante sus iniciativas. Fue precisamente ese cálculo el que llevó a Sánchez a disolver las Cortes días después de que el Pleno rechazara sus decretos de vivienda, para volver a presentarlos ante la Diputación Permanente, que los convalidó.
El segundo cálculo apunta a la legislatura que comience el 23 de diciembre. Si el resultado del 29-N deparase una mayoría de PP y Vox, derogar los decretos ya convalidados requeriría un trámite parlamentario expreso en la nueva Cámara, lo que prolongaría su vigencia y obligaría a los partidos que quisieran revertirlos a hacerlo ante la opinión pública.
Un uso inédito de la Diputación Permanente
El recurso a este órgano no es nuevo para Sánchez: ya lo empleó en 2019, cuando la repetición electoral obligó a tramitar 13 decretos en dos periodos distintos, y de nuevo en 2023. Sin embargo, el volumen actual supera con creces los precedentes: el Ejecutivo acumula ya 11 tramitaciones por esta vía en la presente etapa y prevé al menos dos sesiones más antes de que se constituya el nuevo Parlamento. Ningún gobierno anterior había hecho un uso tan intensivo de este mecanismo en democracia, según las fuentes citadas por Expansión.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


