Claves
- La Sareb ofreció alquileres sociales de hasta 1.500 €, tres veces el precio de referencia del Ministerio de Vivienda
- El Fondo Social de Vivienda, aún vigente, fija un tope máximo de 400 € para rentas vulnerables
- 21 de las 39 familias del edificio firmaron contratos que podrían superar los límites legales
- Un certificado del propio Ministerio de Vivienda documenta la desproporción de los precios exigidos
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), participada mayoritariamente por el Estado, ha ofrecido contratos de alquiler social a familias vulnerables de un edificio en Torremolinos (Málaga) con rentas que superan los límites establecidos por la propia normativa del Gobierno. El caso queda documentado con un certificado expedido el pasado 19 de octubre por el Ministerio de Vivienda que fija el precio de referencia de uno de los pisos afectados entre 380 y 584 euros mensuales, mientras que la Sareb llegó a reclamar inicialmente 1.500 euros por ese mismo inmueble.
La denuncia la ha interpuesto José Luis Fuentes García, un militar jubilado de 76 años con cáncer de colon y otras dolencias crónicas, que reside en el edificio situado en la barriada malagueña de El Calvario junto a su mujer, de 74 años. Fuentes lleva años en ese piso en virtud de un subarrendamiento suscrito en 2019 con una agencia que gestionaba el inmueble para su antigua propietaria, la promotora Mamelli S.A. La quiebra de esta sociedad desencadenó una ejecución hipotecaria que trasladó la titularidad a la Sareb.
Una «bonificación» que sigue doblando los máximos legales
Ante la negativa de Fuentes a firmar el contrato de 1.500 euros mensuales, la Sareb le ofreció una «bonificación» durante el primer año que rebajaría la cuota a 889 euros por un piso de 67 metros cuadrados en estado de conservación declarado «deficiente». Sin embargo, esa cifra bonificada también excede con amplitud el umbral que marca el Fondo Social de Vivienda (FSV), mecanismo de protección impulsado en 2012 y aún vigente, que fija la renta de los alquileres sociales en una horquilla de entre 150 y 400 euros mensuales, con un tope adicional del 30% de los ingresos netos familiares para hogares en riesgo de exclusión social, con rentas bajas, edad avanzada o patologías graves. Según Fuentes, cualquier contrato que supere los 400 euros mensuales en estas circunstancias tendría carácter irregular conforme al real decreto que regula estas prestaciones.
El afectado ha emprendido acciones judiciales simultáneas contra la Sareb, contra el Ayuntamiento de Torremolinos —que actuó como intermediario en la regulación de los arrendamientos— y contra la administradora vinculada a las dos sociedades mercantiles que gestionaban los subarriendos del edificio. Su postura es clara: está dispuesto a pagar una renta de entre 400 y 584 euros mensuales, en línea con lo que certifica el Ministerio de Vivienda, pero rechaza cualquier cantidad superior.
21 familias firmaron contratos que podrían ser irregulares
El caso de Fuentes no es aislado. Del total de 39 familias residentes en el edificio, 21 suscribieron en septiembre de 2025 nuevos contratos de alquiler social con la Sareb por importes que oscilaban entre los 105 y los 600 euros mensuales, determinados en función de los informes de vulnerabilidad emitidos por los servicios sociales municipales. Aquellas que aceptaron rentas por encima de los 400 euros habrían firmado contratos en contradicción con la normativa del FSV, según la denuncia.
La situación tiene además un precedente procesal relevante: a principios de 2024, un juzgado de Torremolinos acordó el lanzamiento de varios inmuebles del edificio, pero la notificación nunca llegó a los inquilinos, que continuaron pagando sus alquileres sin conocer que pendía sobre ellos una orden de desahucio. La Sareb presentó ante los tribunales la solicitud de lanzamiento de cuatro viviendas y 35 plazas de garaje el 5 de octubre de 2024, apenas seis días después de que el Gobierno aprobara su «escudo social» para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.
La contradicción entre el discurso oficial del Ejecutivo en materia de vivienda y la gestión concreta de la entidad que controla es el eje de la batalla legal que mantiene Pedro Sánchez expuesto a una acusación que nace, precisamente, de un certificado firmado por su propio Ministerio de Vivienda.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


