El Ministerio de Transportes destinó al menos 13.000 euros de fondos públicos a sufragar un tratamiento de inmunoterapia para Carolina Perles, entonces esposa del ministro José Luis Ábalos, durante los años 2021 y 2022. Así lo confirman a ABC tres fuentes independientes del departamento, que señalan que los pagos se camuflaron dentro de contratos sanitarios vinculados a la gestión de la pandemia —específicamente, contratos de PCRs y mascarillas— con cargo a la «caja pagadora» del gabinete ministerial.

Los pagos habrían comenzado a tramitarse en 2021, pocos meses antes del cese fulminante de Ábalos por parte de Pedro Sánchez en julio de ese año. Perles había iniciado un tratamiento oncológico en septiembre de 2020, en plena segunda ola del Covid-19. Según las mismas fuentes, los abonos contaron con la autorización del subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez —actualmente imputado en el denominado caso Koldo—, y de su número dos, Belén Villar, directora general de Organización e Inspección. Se trata, según estas fuentes, de un asunto «vox populi» en la cúpula de Transportes que habría permanecido silenciado durante cinco años.

Una reunión que alertó a la nueva secretaria de Estado

Tras el relevo de altos cargos que siguió a la marcha de Ábalos, la nueva secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, fue informada de la situación en una reunión celebrada en su propio despacho con tres directivos del Ministerio: el jefe de gabinete Ricardo Mar, el subsecretario Gómez y Belén Villar. En ese encuentro, según las fuentes consultadas por ABC, se le comunicó que el departamento había estado abonando gastos derivados del tratamiento médico de la que todavía era esposa del exministro. Pardo de Vera alertó de que aquello constituía una ilegalidad y preguntó cómo se había articulado administrativamente. La respuesta fue que los pagos se habían realizado en cuotas mensuales de 6.000 euros. Cuando la secretaria de Estado planteó la posibilidad de presentar una denuncia, se le respondió: «No ha quedado rastro».

El jefe de gabinete Ricardo Mar confirmó a ABC haber firmado una factura de 13.000 euros correspondiente a un contrato sanitario de la etapa anterior, con la supervisión de Gómez y Villar. Mar sostiene que lo hizo por considerarlo su obligación como director del gabinete de la ministra entrante y que solo supo después que aquellos pagos encubrían gastos médicos de la esposa del exministro.

El proveedor y la versión de los implicados

Los pagos habrían sido facturados a través de Arpa Médica, empresa del doctor Ignacio Palomo, ginecólogo que venía prestando servicios de diagnóstico al personal de los ministerios de Interior y Transportes desde el inicio de la pandemia. Según Belén Villar, fue Palomo quien acompañó a Perles en su proceso oncológico. Sin embargo, el propio doctor niega de forma tajante haber facturado cantidad alguna por ese concepto y afirma que su implicación fue «altruista y gratuita».

La propia Carolina Perles corrobora esta versión: asegura que su tratamiento de cáncer de pulmón se realizó íntegramente a través de la sanidad pública, que fue operada en el Hospital de La Princesa en mayo de 2021 y que solo se realizó una biopsia en el grupo Quirón. Reconoce que Palomo la acompañó a las intervenciones y que acudió a su domicilio en varias ocasiones para ayudarla a administrarse la medicación, pero siempre de forma gratuita.

ABC asegura haber tenido acceso a los correos electrónicos cruzados entre la clínica de Palomo y el Ministerio, así como a las facturas emitidas por Arpa Médica. La primera comunicación, fechada el 16 de junio de 2021 —un mes antes de la salida de Ábalos—, recoge el desglose de servicios facturados: además de pruebas PCR, antígenos y analíticas convencionales, figura un test de septina, un análisis de sangre orientado a la detección precoz del cáncer. Las órdenes de pago consultadas por el diario identifican como ordenante al Ministerio de Transportes en un caso y al Tesoro Público en otro. En julio de 2021, según Villar, al Ministerio le llegaban correos reclamando 36.000 euros pendientes, aunque cuando Pardo de Vera solicitó esas comunicaciones se le dijo que solo reflejaban contratos de PCRs sin abonar y nunca le fueron entregadas.