El Gobierno de Pedro Sánchez ha tenido que aprobar un segundo real decreto-ley para subsanar un error de cálculo en la norma que regula la financiación del sistema de atención a la dependencia, aprobada apenas una semana antes. La errata, de consecuencias millonarias, transformó una partida de 3.823 millones de euros en poco más de 3,8 millones por la simple omisión de la palabra «miles» en el texto original.

El decreto con el error, fechado el 10 de noviembre, regula las medidas para el despliegue de la reforma del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Su artículo 3 establecía una partida para financiar el nivel mínimo garantizado de dependencia con la cifra en euros, cuando debía expresarse en miles de euros. El fallo se repetía en dos apartados distintos del mismo artículo —tanto en la partida asignada al Imserso como en la aplicación presupuestaria para personas dependientes— y en uno de ellos se añadía además una coma duplicada en la cantidad: 3.823.252,02,00 euros.

La corrección, publicada mientras la Cámara votaba el texto erróneo

La rectificación llegó a través de una disposición final de otro Real Decreto, aprobado el martes por el Consejo de Ministros y publicado el miércoles en el Boletín Oficial del Estado. La coincidencia temporal resulta llamativa: ese mismo miércoles, la Diputación Permanente del Congreso convalidaba el decreto original con 63 votos a favor y seis en contra, sin que ningún grupo parlamentario advirtiera el error en los términos financieros de la norma que estaban respaldando.

Durante el debate de convalidación, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió el aumento de presupuesto contemplado en el decreto y cifró la inversión total en 7.000 millones de euros. Bustinduy argumentó que esa cantidad permitirá avanzar desde un modelo de cuidados «basado en plazas» hacia otro centrado en las «preferencias y deseos de la gente que envejece y necesita apoyo», según sus propias palabras ante la Cámara.

El error, producido en plena aceleración legislativa del Ejecutivo a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, pone en evidencia las tensiones de un Gobierno que ha comprometido decenas de miles de millones en gasto público mediante decretos aprobados al margen del calendario parlamentario ordinario. Según datos publicados por El Español, el Ejecutivo acumula más de 39.600 millones en promesas de gasto desde Moncloa vinculadas a la campaña electoral.

Queda pendiente determinar si el Real Decreto de entregas a cuenta —el que incorpora la corrección— será llevado también a la Diputación Permanente el próximo jueves 26 para su convalidación formal.