Claves
- El Gobierno vasco concede el tercer grado a Henri Parot, exdirigente de ETA
- Parot cumplía una condena acumulada de 40 años desde su detención en 1990
- La medida implica semilibertad efectiva en los próximos días
- Su nombre es inseparable de la doctrina penitenciaria anulada por el TEDH en 2013
El Gobierno vasco ha autorizado el tercer grado penitenciario para Henri Parot, uno de los dirigentes más destacados de la organización terrorista ETA, según confirmó la agencia Efe. La medida, que implica un régimen de semilibertad, se hará efectiva en los próximos días.
Parot fue detenido e ingresó en prisión en 1990, tras acumular una condena de 40 años por su implicación directa en múltiples atentados. Su nombre ha marcado un hito en la jurisprudencia penitenciaria española: la llamada «doctrina Parot», establecida por el Tribunal Supremo en 2006, pretendía que los beneficios penitenciarios se calculasen sobre la totalidad de la pena impuesta y no sobre el máximo legal de cumplimiento efectivo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló esa doctrina en 2013, lo que propició la excarcelación anticipada de decenas de presos, entre ellos el propio Parot.
Un caso que nunca ha dejado de generar controversia
La figura de Parot sigue siendo profundamente dolorosa para las víctimas del terrorismo etarra. Su trayectoria en la organización y la magnitud de los crímenes con los que se le vincula hacen que cualquier decisión sobre su situación penitenciaria tenga una carga simbólica y política muy intensa. La concesión del tercer grado por parte del ejecutivo autonómico vasco reavivará inevitablemente el debate sobre los límites del sistema progresivo de cumplimiento de penas cuando se aplica a condenados por terrorismo.
La competencia en materia penitenciaria corresponde al País Vasco desde que asumió el traspaso de esta función, lo que explica que sea el Gobierno de Vitoria quien adopte estas resoluciones para los presos bajo su jurisdicción. La decisión se produce sin que la fuente consultada recoja reacción oficial alguna de las asociaciones de víctimas ni del Gobierno central.
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