El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, endureció este martes el tono del Gobierno central respecto a la crisis migratoria en Ceuta: todos los ciudadanos que cruzaron irregularmente la frontera desde Marruecos el pasado 30 de julio serán devueltos, sin excepciones. La declaración llegó tras una reunión con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular, quien llevaba días reclamando una respuesta firme y coordinada por parte del Ejecutivo.

Ceuta atraviesa una situación de emergencia humanitaria desde que centenares de personas lograron acceder a nado a la ciudad. Las autoridades locales han tenido que habilitar recursos de acogida de urgencia para atender a los llegados, en su mayoría procedentes del territorio marroquí. Vivas había exigido el lunes que el Gobierno garantizase el retorno de todos los migrantes en situación irregular, y Albares respondió en rueda de prensa con un compromiso explícito en esa dirección.

La presión del PP y la respuesta del Ejecutivo

La reunión entre Albares y Vivas pone de manifiesto la tensión entre la gestión del Gobierno central y las demandas de la administración local ceutí, gobernada por el PP. El presidente de Ceuta venía exigiendo desde el lunes un compromiso claro y operativo, no solo declaraciones, ante una situación que supera la capacidad de respuesta ordinaria de la ciudad. La afirmación de Albares —categórica en la forma— es, en todo caso, una promesa política cuya ejecución depende de la colaboración de Marruecos y de los mecanismos de retorno previstos en el acuerdo bilateral entre ambos países.

La relación entre España y Marruecos en materia migratoria ha estado históricamente condicionada por la voluntad de Rabat de cooperar, o no, en la contención de los flujos. Las crisis anteriores en Ceuta y Melilla han demostrado que los compromisos de retorno son difíciles de materializar con rapidez, lo que convierte la rotundidad verbal de Albares en un elemento político tan relevante como su viabilidad práctica.