Claves
- 61.603 móviles con control remoto y geolocalización, uno por mesa electoral
- El Gobierno debía presentar este jueves las garantías de seguridad exigidas por ley
- Expertos en ciberseguridad alertan sobre riesgos de acceso externo durante el recuento
- Es el mayor despliegue tecnológico en unas elecciones generales en España
El Gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto instalar 61.603 teléfonos móviles de alta potencia en las mesas electorales de los comicios generales del 29 de noviembre, según ha trascendido esta semana. Los dispositivos contarán con geolocalización, conexión a internet, gran capacidad de almacenamiento y acceso mediante control remoto, unas características que han disparado las dudas de expertos en ciberseguridad sobre los riesgos que pueden suponer para el proceso electoral.
Este jueves vencía el plazo legal para que el Ejecutivo presentara la documentación que acredita todas las garantías de seguridad exigidas por la normativa vigente. La falta de esta documentación a tiempo ha acentuado las preguntas sobre el protocolo que el Gobierno tiene previsto aplicar para blindar el sistema frente a posibles interferencias o manipulaciones externas.
Las dudas técnicas que señalan los expertos
Especialistas en ciberseguridad consultados por varios medios han apuntado una batería de interrogantes sobre el modelo elegido. Entre las cuestiones más relevantes figuran qué entidad controlará los accesos remotos a los teléfonos, quién tendrá la capacidad de intervenir en los dispositivos durante la jornada electoral y cómo se garantizará que los datos recogidos en las mesas no sean accesibles desde fuera. La función de geolocalización también ha generado debate: aunque puede servir para verificar que el dispositivo está en la ubicación asignada, abre la puerta a un rastreo permanente de cada mesa.
El volumen del despliegue —más de sesenta mil unidades— convierte este proyecto en una de las mayores operaciones tecnológicas jamás planificadas para unas elecciones en España. Los críticos señalan que la combinación de control remoto y conexión permanente a internet en un entorno tan sensible como el recuento de votos requiere auditorías independientes y protocolos de seguridad publicados con suficiente antelación, algo que de momento el Ejecutivo no ha facilitado.
Un plazo legal incumplido que añade incertidumbre
La obligación de presentar antes de este jueves la documentación de garantías no es un trámite menor: la ley electoral impone requisitos específicos para cualquier sistema tecnológico que se integre en el proceso de votación o escrutinio. El incumplimiento de ese plazo —o su cumplimiento a última hora sin margen para una revisión externa— deja al sistema sin el respaldo de transparencia que sería esperable en una cita de esta magnitud. El debate sobre los móviles en las mesas se suma así a la ya intensa polémica política que rodea la convocatoria electoral del 29 de noviembre.
Esta información se ha elaborado con la ayuda de herramientas de inteligencia artificial a partir de fuentes informativas contrastables, bajo la responsabilidad editorial de El Riu.


