La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha ordenado a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo Electoral que eliminen de las listas electorales a las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática de 2022, conocida popularmente como 'Ley de nietos'. La única excepción son las 901 personas que ya han presentado una certificación consular que acredita el exilio político de su familiar durante o tras la Segunda República.

La resolución, dictada este viernes, se adoptó en el marco de las medidas cautelares asociadas a un recurso ordinario interpuesto por Vox e Iustitia Europa. Fue ponente el magistrado Manuel Delgado-Iribarren, en una Sala presidida por Luis María Díez-Picazo. La exclusión alcanza a todos los afectados con independencia de si residen en España o en el extranjero: ninguno puede figurar ni en el censo de electores residentes-ausentes en el exterior ni en el de residentes en territorio nacional.

Puerta abierta hasta el día de la votación

El auto deja, no obstante, una vía para recuperar el derecho al voto: cualquier afectado que aporte la certificación consular de exilio antes del 29 de noviembre podrá ser incluido de nuevo en el censo, en los términos fijados por la Sala en su auto de septiembre. Eso convierte los próximos días en una carrera contrarreloj para los más de 163.000 nacionalizados que, por ahora, quedan fuera de las listas.

La decisión se produjo después de que los magistrados examinaran los informes remitidos por la Abogacía del Estado y la Oficina del Censo Electoral para acreditar el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas en autos anteriores. La Sala los calificó de «difícil comprensión», en línea con las advertencias del Ministerio Fiscal, y recordó el principio recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial: «Las resoluciones judiciales se ejecutarán en sus propios términos».

Posiciones dispares de las partes

Las respuestas de las partes personadas ante la Sala fueron muy diversas. El Ministerio Fiscal consideró que los afectados ya habían sido excluidos de las listas consulares y que tampoco podrían votar presencialmente ni ser objeto de escrutinio, aunque expresó ciertas reservas. La procuradora Virginia Aragón, representante de cinco electores y habitual letrada del PSOE en este procedimiento, no se opuso al contenido del informe al entender que preservaba el voto de quienes tuvieran la documentación en regla.

La Asociación Extranjeristas en Red reclamó un informe complementario conjunto del INE y del Ministerio de Asuntos Exteriores bajo la supervisión de la Junta Electoral Central. La representación de otros 42 afectados pidió el levantamiento de la suspensión e impugnó que el informe acreditara la irregularidad individual de los más de 113.000 electores a los que hace referencia.

Vox solicitó que la suspensión se extendiera a todos los nacionalizados por esta vía, con independencia del tipo de censo en que estuvieran inscritos. En ese punto, la Sala resolvió en términos coincidentes con lo pedido por la formación. El resto de peticiones fueron inadmitidas por la Sala, que remitió algunas a la Junta Electoral Central y consideró otras ya resueltas en autos anteriores.

Una segunda providencia sobre seguridad del sistema

Ese mismo viernes, la Sección Cuarta dictó una segunda providencia, con el magistrado Antonio Narváez como ponente, que habilita el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre para presentar alegaciones sobre varios certificados remitidos por la directora general de Política Interior. En ese texto, la Sala exigió «la necesaria reserva» sobre los datos relativos a los controles de seguridad y los sistemas de verificación que identificarán a los electores el día de la votación. También requirió al Partido Popular que aclarara en qué concepto pretende personarse en el procedimiento, dado que solo podría hacerlo como codemandado.