El grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona votó la semana pasada a favor de dos iniciativas presentadas por ERC que amplían el control administrativo sobre el idioma que emplean los comercios y la hostelería al atender a sus clientes. Los socialistas se sumaron a Junts, ERC y los Comuns para sacar adelante ambas propuestas, mientras que PP y Vox votaron en contra.

La primera medida, aprobada para el distrito de Sant Martí, ordena al gobierno de ese distrito activar «con carácter de urgencia» una campaña de inspecciones en Poblenou dirigida a verificar si los establecimientos cumplen la normativa lingüística vigente en materia de rotulación y atención al público en catalán. El acuerdo contempla explícitamente que, si se detectan irregularidades, podrán adoptarse medidas correctoras e incluso sanciones. El gobierno municipal tendrá que rendir cuentas ante el consejo de distrito en octubre con un informe de resultados.

La segunda iniciativa, aprobada para Nou Barris, encarga un estudio técnico sobre el grado de cumplimiento de los requerimientos lingüísticos en la rotulación, la información al público y la atención en catalán. Las conclusiones servirán de base para diseñar intervenciones futuras y calcular los recursos humanos y económicos necesarios para llevarlas a cabo. Aunque no ordena inspecciones de forma inmediata, establece el andamiaje administrativo y presupuestario sobre el que podrían desplegarse en una segunda fase.

Los límites que fijó el Tribunal Constitucional

Ambas medidas se mueven en un terreno jurídicamente delicado. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 31/2010 y en pronunciamientos posteriores, dejó claro que el deber de disponibilidad lingüística exigible a las empresas abiertas al público no puede traducirse en la obligación individual de usar una lengua concreta en la conversación privada entre un trabajador o propietario y un cliente. El derecho a ser atendido en la lengua oficial elegida, precisó el tribunal, es directamente exigible frente a los poderes públicos, pero no en los mismos términos frente a un particular. La imposición de sanciones por incumplir esa supuesta obligación individual resultaría, según esa doctrina, constitucionalmente inviable.

El Código de Consumo catalán sí obliga a que determinados documentos y soportes fijos —carteles, contratos, facturas, presupuestos— estén disponibles en catalán, y el Constitucional avaló esa regulación siempre que no excluya el castellano. Pero la frontera entre la documentación comercial y la imposición de una lengua en el trato verbal sigue siendo la línea que los tribunales han protegido frente a la intervención administrativa.

El PSC, entre la comisionada del catalán y el respaldo a ERC en los distritos

Estas dos mociones encajan en la política lingüística que el alcalde Jaume Collboni ha articulado desde el gobierno municipal. El consistorio creó el año pasado la figura de la comisionada para el Uso Social del Catalán, actualmente ejercida por Marta Salicrú, con el mandato expreso de promover la presencia del catalán en el comercio y la restauración, entre otros ámbitos. El respaldo del PSC a iniciativas de ERC en los consejos de distrito prolonga esa misma lógica a escala de barrio.

Gonzalo de Oro, presidente del grupo municipal de Vox, cargó especialmente contra los socialistas por su voto favorable, señalando que los distritos de Sant Martí y Nou Barris acumulan un cierre acelerado de comercio de proximidad y que priorizar la fiscalización lingüística en ese contexto resulta, a su juicio, un ejercicio de prioridades equivocadas. Desde el PP también votaron en contra de ambas propuestas, aunque sin pronunciamientos públicos recogidos en la información disponible.