La presión interna sobre Pedro Sánchez por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha escalado este lunes desde dentro del propio bloque gubernamental. Tanto Sumar, socio de coalición en el Consejo de Ministros, como Podemos, formación que apoyó la investidura, han convergido en exigir el traslado inmediato de migrantes a la Península y una revisión de la política hacia Marruecos, aunque con diferencias notables en el tono y en el grado de confrontación con el Ejecutivo.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida y diputado del grupo plurinacional de Sumar, Enrique Santiago, ha reprochado al PSOE que con su postura esté alimentando el discurso del PP y Vox. Para Santiago, el Gobierno mantiene «posiciones imposibles» al esperar retornos inmediatos por parte de Marruecos, algo que, según su criterio, no tiene ninguna viabilidad real a corto plazo. En cambio, sí ha reconocido un cambio en el relato socialista sobre los hechos del 30 y 31 de julio: el PSOE habría comenzado a asumir que pudo existir una «responsabilidad por acción u omisión» de Rabat en la entrada masiva de personas. Santiago fue más lejos al afirmar que, a su juicio, lo ocurrido fue un «ataque organizado por Marruecos con colaboración activa de países y agencias de EE.UU. e Israel», una aseveración que presentó como análisis propio sin más respaldo documental que el expuesto en su intervención.

Sumar defiende 10.000 plazas de acogida disponibles en la Península

La propuesta concreta de Sumar pasa por el traslado de los migrantes concentrados en Ceuta hacia la España continental, donde Santiago cifra en unas 10.000 las plazas de acogida disponibles. El diputado subrayó que este proceso «no se hace de un día para otro» y que cada jornada de inacción complica la logística de una solución que, a su entender, es la única «sensata, realista y posible». Paralelamente, Santiago criticó con dureza al Partido Popular, al que acusó de «sabotear» la acogida, y al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por negarse a abrir centros de acogida en la ciudad autónoma, lo que a su juicio agrava el hacinamiento.

Podemos habla de «inacción calculada» y «sumisión» ante Marruecos

El coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, fue considerablemente más incisivo en su crítica al Gobierno. La formación morada rechazó incluso la medida anunciada por el Ejecutivo de tomar el control del puerto de Ceuta para instalar carpas de acogida provisional para cerca de un millar de personas. Para Podemos, esa decisión llega cuarenta días tarde y no constituye más que una medida de maquillaje que evidencia lo que denominó «inacción calculada» desde el primer día de la crisis.

Fernández concedió que instalar carpas en el puerto «hubiera estado bien los primeros días como una medida temporal», pero consideró que, a estas alturas, ya no responde a la urgencia del momento. En el plano de la política exterior, acusó al Ejecutivo de mantenerse en una actitud de «sumisión vergonzosa» frente a Rabat, al que señaló de haber protagonizado una «agresión» territorial deliberada contra España. Fernández añadió también la acusación de «racismo institucional», argumentando que si los llegados a Ceuta hubieran tenido otro perfil étnico, la respuesta del Gobierno habría sido radicalmente distinta.

La coincidencia de las dos formaciones en el diagnóstico —pasividad gubernamental y necesidad de trasladar migrantes a la Península— no oculta la distancia en cuanto al alcance de las críticas. Sumar, con ministros en el Gobierno, cuida las formas y reconoce avances parciales en el discurso socialista. Podemos, desde la oposición interna, no administra ese mismo tacto y apunta directamente a la responsabilidad del Presidente.