Junts per Catalunya ha fijado su posición de cara a las negociaciones sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: apoyo condicionado a que Catalunya obtenga el control efectivo sobre la recaudación de los impuestos generados en su territorio. Así lo dejó claro el secretario general del partido, Jordi Turull, que planteó esta exigencia como línea roja antes de dar cualquier aval parlamentario al Gobierno central.

La formulación de Turull apunta a un modelo que se asemeja al concierto económico vasco, en el que la comunidad autónoma recauda los tributos estatales y transfiere al Estado central una cantidad pactada. Esta arquitectura fiscal implicaría un cambio estructural de gran calado en el sistema de financiación común, algo que el propio Gobierno de Pedro Sánchez ha descartado en repetidas ocasiones como punto de partida para la negociación multilateral.

La posición de Junts complica el acuerdo multilateral sobre financiación

El modelo de financiación autonómica lleva varios años caducado —el vigente data de 2009— y cualquier reforma requiere un amplio consenso político. La pretensión de Junts de obtener la llave de la caja introduce un factor de bloqueo real en unas negociaciones que ya de por sí son complejas, dado que lo que beneficiaría fiscalmente a Catalunya podría perjudicar a otras comunidades autónomas con menor capacidad recaudatoria propia.

Desde la perspectiva de El Riu, la postura de Turull refleja una vez más la estrategia transaccional que ha caracterizado a Junts desde que se convirtió en soporte externo del Ejecutivo de Sánchez: cada asunto de calado se convierte en palanca para extraer concesiones de máximos, con independencia de su viabilidad real o de su impacto sobre el conjunto del sistema. La financiación singular no es solo una cuestión de Catalunya con el Estado; afecta directamente a la solidaridad interterritorial y a los servicios públicos del resto de ciudadanos españoles.

Turull defiende a Puigdemont y carga contra los «justicieros» de la amnistía

Al margen del debate sobre financiación, Turull aprovechó para salir al paso de las dudas sobre el papel político de Carles Puigdemont tras sus prolongadas ausencias. El secretario general aseguró que el expresidente catalán se encuentra en buena forma y atribuyó las dificultades del momento a quienes —en su terminología— actúan como «justicieros» al no aplicar la ley de amnistía. La alusión apunta a los órganos judiciales que mantienen abiertos procedimientos contra Puigdemont pese a la aprobación de esa norma, objeto a su vez de un intenso debate jurídico sobre su alcance y aplicación.

La combinación de ambos mensajes —exigencia máxima en financiación y respaldo público a Puigdemont— dibuja a un Junts que sigue operando desde la lógica de la presión constante al Ejecutivo central, sin señales de moderación en sus demandas pese a que el margen de lo políticamente posible en materia fiscal se sitúa muy por debajo de lo que el partido reclama.