El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, aprovechó un acto ante Felipe VI para reivindicar públicamente la posición del tribunal en torno a la ley de amnistía, celebrando el respaldo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la norma y anticipando que la resolución definitiva sobre el fondo del asunto llegará en otoño.

En su intervención, Conde-Pumpido subrayó que el pleno del Constitucional ha desestimado ya los veinte recursos presentados por el Partido Popular y sus comunidades autónomas contra la ley de amnistía, un dato que utilizó como argumento de autoridad para respaldar la solidez jurídica de la norma. La referencia explícita al número de recursos rechazados, realizada en presencia del jefe del Estado, tuvo una marcada carga reivindicativa.

Un discurso político desde la presidencia del alto tribunal

El tono empleado por Conde-Pumpido resulta llamativo viniendo del máximo responsable de un órgano que, por definición, debería preservar las formas de la imparcialidad institucional. Celebrar el aval europeo a una norma sobre la que el propio Constitucional aún no ha emitido su pronunciamiento definitivo —previsto para el otoño— y hacerlo además ante el Rey, introduce una dimensión política en un discurso que debería circunscribirse al terreno estrictamente jurídico.

La ley de amnistía, aprobada en 2024 con el apoyo de los partidos que sostienen al Gobierno de Pedro Sánchez, beneficia a los implicados en el procés independentista catalán. Su tramitación y contenido han generado un intenso debate constitucional y político, tanto en España como en las instituciones europeas, donde varios tribunales han planteado cuestiones prejudiciales ante el TJUE.

El pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al que aludió Conde-Pumpido ha sido interpretado por los defensores de la norma como un respaldo de fondo, aunque los críticos señalan que la resolución europea no entra a valorar la constitucionalidad de la ley según el ordenamiento español, cuestión que sigue siendo competencia exclusiva del Constitucional. La sentencia definitiva de este último, anunciada para el otoño, será la que fije el marco jurídico interno de forma inapelable.