Benjamin Netanyahu cerró a finales de junio su declaración ante el tribunal que lo juzga por corrupción, tras 98 sesiones repartidas a lo largo de año y medio. Un hito procesal notable, pero que no equivale al final del proceso: quedan por delante los testimonios de la defensa, los informes conclusivos de ambas partes y la deliberación del tribunal antes de que pueda producirse un veredicto. El caso, que lleva años sobrevolando la política israelí, entra ahora en una fase decisiva que coincide con la cuenta atrás hacia nuevas elecciones.

El juicio contra Netanyahu —abierto por tres causas distintas que mezclan acusaciones de soborno, fraude y abuso de confianza— ha sido desde su inicio un elemento disruptivo en el sistema político israelí. El primer ministro ha gobernado durante todo este tiempo con la espada de Damocles judicial encima, algo sin precedentes en la historia del Estado de Israel. Y lo ha hecho, además, construyendo una narrativa en la que su procesamiento aparece como una persecución política orquestada por las élites judiciales y mediáticas del país.

La estrategia del acusado: gobernar como si no hubiera mañana

Esa narrativa no es un accidente. Netanyahu ha convertido su defensa judicial en combustible político, movilizando a sus bases con el argumento del «estado profundo» que querría apartarle del poder. La táctica le ha reportado réditos electorales —ganó las elecciones de 2022— pero también ha envenenado el debate público israelí, polarizando a la sociedad entre quienes ven en él a un líder perseguido y quienes exigen que la ley se aplique igual para todos. La guerra en Gaza ha añadido otra capa de complejidad: difícilmente un primer ministro en tiempo de conflicto activo afronta la presión para dimitir que en otras circunstancias sería inevitable.

El calendario judicial y el electoral convergen ahora de forma incómoda. Con las elecciones en el horizonte cercano y el proceso entrando en su recta final, Netanyahu tiene incentivos poderosos para prolongar los plazos procesales todo lo que la ley permita. La defensa conserva aún su turno de presentar testigos, una fase que puede dilatarse considerablemente si así lo deciden sus abogados. El veredicto, en el mejor de los casos para la acusación, podría llegar tras los comicios.

Un precedente incómodo para las democracias occidentales

El caso Netanyahu plantea una pregunta que va más allá de Israel: ¿puede un sistema democrático funcionar con normalidad cuando su líder ejecutivo está simultáneamente sentado en el banquillo? La respuesta israelí ha sido, hasta ahora, que sí —la ley no obliga a dimitir a un primer ministro procesado, solo a un ministro condenado en firme—, pero el coste institucional y social ha sido elevado. La reforma judicial que el Gobierno intentó impulsar en 2023, y que provocó meses de protestas masivas, está directamente relacionada con este telón de fondo: muchos israelíes la interpretaron como un intento de neutralizar al poder judicial que juzga a Netanyahu.

Sea cual sea el desenlace del proceso, el daño a la cultura institucional israelí ya está hecho. Un primer ministro que durante años ha cuestionado la legitimidad de los jueces que lo juzgan ha contribuido a erosionar la confianza ciudadana en instituciones que cualquier democracia necesita que funcionen por encima de la política de partido. Ese es, quizás, el coste más duradero de este largo proceso.