El Ministerio del Interior español mantuvo una lista de periodistas y tertulianos clasificados en función de su ideología, según ha salido a la luz en los últimos días. La revelación ha generado un escándalo político de considerable dimensión, no solo por lo que implica en términos de libertad de prensa, sino porque pone en cuestión la conducta de un órgano del Estado que debería mantenerse estrictamente al margen de cualquier categorización ideológica de los profesionales de la información.

La comparación con el macartismo —aquella caza de brujas impulsada en los años cincuenta en Estados Unidos que llevó a la elaboración de listas negras de supuestos comunistas— resulta inevitable cuando un ministerio gubernamental se dedica a catalogar a los periodistas según sus posicionamientos. Que esa práctica se haya producido en una democracia europea del siglo XXI constituye, de entrada, una anomalía grave que merece respuesta institucional, no solo mediática.

Una práctica innecesaria además de cuestionable

Lo que añade una capa de absurdo al escándalo es que, tal como señalan quienes han tenido acceso al contenido de la lista, la clasificación ideológica de tertulianos y comentaristas resulta en buena medida superflua: la orientación política de cada comunicador es, en la mayoría de los casos, perfectamente conocida por cualquier oyente o espectador habitual. La pregunta que queda en el aire, entonces, es para qué sirve ese registro y quién lo utilizaba.

Que un ministerio dedique recursos humanos y administrativos a construir un fichero de este tipo apunta a algo más preocupante que la mera curiosidad burocrática. Implica que alguien, en algún nivel de la cadena de mando, consideró útil tener esa información sistematizada y accesible. La finalidad de ese uso es lo que la opinión pública y el Parlamento tienen derecho a conocer con detalle.

El Gobierno, por su parte, deberá explicar no solo cómo surgió esta lista, sino quién la ordenó elaborar, qué criterios se aplicaron para clasificar a cada profesional y si ese material influyó en alguna decisión relacionada con la comunicación institucional, la concesión de acreditaciones o el acceso a fuentes gubernamentales. Sin respuesta a esas preguntas, el escándalo permanecerá abierto.