La Oficina de Comunicación del Ministerio de Interior elaboró en 2023 un dosier interno en el que se catalogaba a distintos periodistas en activo con información que iba mucho más allá de su trayectoria profesional: incluía sus posicionamientos políticos, fotografías personales y comentarios sobre su trabajo. La revelación, publicada por el diario Ara, apunta a una práctica de seguimiento y clasificación ideológica de profesionales de la información desde una dependencia del Gobierno español.

El contenido del documento, según la información disponible, no se limitaba a recoger datos públicos o vinculados al ejercicio del periodismo, sino que incorporaba valoraciones de carácter ideológico sobre los periodistas incluidos. Que una oficina de comunicación gubernamental compile ese tipo de perfiles supone cruzar una línea que en cualquier democracia consolidada genera una alarma institucional inmediata: la del uso de estructuras del Estado para monitorizar a quienes tienen la función de fiscalizar al propio poder.

Una práctica incompatible con la libertad de prensa

La libertad de prensa no solo se vulnera cuando se censura o se persigue judicialmente a un periodista. También se pone en riesgo cuando el aparato del Estado construye archivos sobre las convicciones políticas de quienes informan. El efecto disuasorio sobre el ejercicio del periodismo crítico puede ser idéntico, aunque no haya una amenaza explícita de por medio. El simple hecho de saber que un ministerio te tiene catalogado ideológicamente puede condicionar el trabajo de cualquier profesional de la información.

El Ministerio de Interior, que en 2023 estaba bajo la dirección de Fernando Grande-Marlaska, no ha ofrecido, según lo publicado, ninguna explicación pública sobre la existencia ni el uso de ese dosier. Tampoco se ha precisado cuántos periodistas aparecen en el documento, qué criterios se usaron para incluirlos ni si el material llegó a circular fuera de la Oficina de Comunicación o fue utilizado para orientar la relación del ministerio con los medios.

Este tipo de prácticas, cuando salen a la luz, habitualmente desencadenan investigaciones parlamentarias y exigen respuesta de los responsables políticos. La pregunta que queda sin respuesta por ahora es si alguien en el Gobierno ordenó elaborar ese dosier, si fue una iniciativa de técnicos intermedios y, sobre todo, para qué se pensaba utilizar.